Trump no concede

El equipo legal del presidente Donald Trump fue claro: la dimensión del fraude observado en las últimas elecciones presidenciales estadounidense, particularmente en algunos estados decisivos, es tan grande que permite inferir la existencia de un plan centralizado para volcar el comicio en favor del candidato demócrata Joe Biden. Los abogados encabezados por el ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani enumeraron múltiples irregularidades detectadas por los observadores republicanos, entre las que sobresale la manipulación del voto por correo, donde la identidad del votante sólo queda atestiguada por su firma en un sobre que después se tira. Eso impide comprobar el fraude, que sin embargo queda en evidencia cuando se advierte que en algunos distritos el número de votantes duplica el número de empadronados, o se aleja excesivamente de todos los promedios históricos sobre concurrencia al comicio o sobre preferencias partidarias, dijeron los letrados.

Muchas de las irregularidades registradas ya han sido denunciadas ante la justicia electoral y otras están en vías de serlo. Más allá de su éxito en los tribunales, la energía y la convicción con la que el equipo de Giuliani expuso sus reclamos en una conferencia de prensa este jueves indica por lo pronto que el presidente Trump no tiene la menor intención de reconocer la victoria de su rival. Y abre la posibilidad de que la multiplicación de las demandas, especialmente en cinco estados clave donde los republicanos sospechan se concentraron las manipulaciones demócratas, impida a Biden contar a tiempo con la certificación de resultados necesaria como para ser proclamado presidente electo. Esto abre una instancia incierta.

En tiempos normales, la certificación de resultados es un proceso rutinario, burocrático, que se desarrolla en silencio luego de cada elección. Los funcionarios electorales de cada distrito cuentan los votos, revisan los procedimientos, se aseguran de que todo esté en orden e investigan las discrepancias, luego de lo cual certifican los resultados. Con todas esas certificaciones locales en la mano, las autoridades del estado proceden a certificar los resultados de toda su jurisdicción. Las demandas interpuestas por los abogados republicanos pueden impedir que Biden cuente a tiempo con resultados certificados suficientes como para reivindicar para sí los más de 270 electores necesarios para ser proclamado presidente. El plazo vence el 14 de diciembre.

Otra vez, en épocas normales, al cumplirse ese plazo los electores de cada estado, que son designados por el gobierno local atendiendo al resultado de la elección popular, se reúnen en sus respectivas legislaturas, y emiten su voto para elegir al nuevo presidente. En algunos estados están legalmente obligados a respaldar al candidato de su partido, en otros estados no lo están pero se espera que lo hagan. Es lo que ocurre generalmente, pero no siempre y menos en circunstancias inusuales. Sin embargo, la mayoría de los observadores consideran poco probable que las legislaturas estaduales donde los republicanos son mayoría configuren por su cuenta la nómina de electores  invocando fraude u otras razones, o que los electores designados terminen emitiendo votos contrarios al resultado electoral percibido. Como fuere, esos votos se envían al Senado en Washington, que el 6 de enero los va a examinar para proclamar por fin al presidente electo.

Pero por otro lado hay quienes creen, y la conferencia de prensa de Giuliani puede reforzar esa creencia, que la estrategia de Trump es evitar que Biden logre certificar los 270 electores exigidos, situación que los haría llegar a la fecha crítica del 14 de diciembre en igualdad de condiciones. La Constitución estadounidense establece entonces que sean las delegaciones de cada estado en la Cámara de Representantes las que decidan quién va a ser el próximo presidente. Los republicanos tienen la mayoría en al menos 26 de las 50 delegaciones estatales, aunque los demócratas muestran una ligera ventaja en el total de bancas. Esta sí es una instancia constitucional, factible y legalmente irreprochable en la que Trump podría asegurar su continuidad al frente del ejecutivo norteamericano.

Para dejar en claro que no está dispuesto a conceder el triunfo a nadie, y que sigue considerándose como el ganador legítimo de las elecciones de noviembre, mientras sus abogados hablaban Trump propuso a sus seguidores una gran concentración de apoyo a sus reclamos a lo largo y a lo ancho del país. Hay mucho tiempo por delante todavía para llegar hasta el 6 de enero, e infinidad de alternativas y chicanas que pueden terminar por llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia, donde ahora Trump cuenta con más simpatizantes que Biden. Pero nadie espera que las inclinaciones ideológicas o las simpatías políticas pesen en el alto tribunal si un conflicto electoral como el que se desenvuelve ante nuestros ojos sea puesto ante los suyos.

Lo único seguro a esta altura es que quien asuma la presidencia en enero se va a encontrar con una nación aun más dividida que lo que ya estaba luego de cuatro años de implacable campaña mediática contra Trump: si Biden ingresa al Salón Oval, medio país se va a sentir estafado por una elección que su líder le aseguró había sido fraudulenta; si por el contrario Trump no necesita hacer las valijas, la otra mitad del país se va a sentir despojada de un triunfo que la prensa le aseguró había sido legítimamente conquistado. -S.G.