El descrédito que envuelve a las instituciones argentinas, y que tiene su puntual reflejo en el movimiento de los mercados, denuncia no sólo la mala praxis del ejecutivo con su proyecto de confiscar las jubilaciones privadas sino también la tibieza de la oposición a la hora de defender la ley, y el desgano del sector privado para proteger su actividad.
Hay una sensación de déjà vu que remite estremecedoramente a las peores jornadas del 2001-2002.
Sólo Mauricio Macri, Elisa Carrió, Ricardo López Murphy, y algunos de sus seguidores, tuvieron expresiones claras en contra de la iniciativa oficial por lo que ésta significa en lo esencial: un atropello a la propiedad privada, a los contratos entre particulares, y a las decisiones de los ciudadanos acerca de su patrimonio.
Radicales, socialistas y otras agrupaciones progresistas, presas de sus conocidas confusiones ideológicas, se dejaron arrastrar hacia un falso debate sobre el mejor o peor sistema previsional, tal como esperaba el gobierno que lo hicieran, y parecen conformarse con la idea de introducir “modificaciones” al apresurado proyecto de ley patrocinado por la Casa Rosada.
Hablando mal y pronto, lo que quiere el ejecutivo es la plata, la acumulada en las cuentas de las AFJP y la que aportan mensualmente sus afiliados, y desde ya es posible anticipar que va a aceptar todas las modificaciones que le propongan mientras les encuentre el agujero por el que colarse para hacerse de esos fondos.
Si el Congreso no rechaza de plano este proyecto estará recorriendo los mismos caminos que lo llevaron hace unos siete años a consagrar el saqueo de los ahorros de los argentinos, practicado, vale la pena recordarlo, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde.
Esto no quiere decir, en modo alguno, que el sistema de jubilación privada esté escrito en piedra y no haya manera de modificarlo o dejarlo de lado. Todo lo contrario. El sistema previsional merece un debate nacional acabado y profundo, lo cual no tiene nada que ver con apoderarse de los dineros ajenos.
Las administradoras privadas de jubilaciones y pensiones, debe decirse, no han puesto mucho énfasis en el cuidado de los intereses de sus afiliados, más allá de una solicitada en los diarios, tal como los bancos no hicieron nada en el 2002 por defender los patrimonios que sus clientes les habían confiado para su custodia.
En ese sentido es notable la actitud de Previsol, la AFJP del Banco Credicoop que conduce Carlos Heller, que tomó distancia de otras administradoras y se allanó a los designios gubernamentales invocando una política empresaria tendiente a “compatibilizar al máximo posible los intereses individuales de los afiliados y las enormes necesidades del país”.
Sería bueno saber si los promotores de esta administradora advertían a sus potenciales clientes que sus ahorros serían manejados según criterios políticos antes que financieros, ya que esa clase de “compatibilización” no está prevista en el manual de operaciones de ninguna entidad privada.
Como en la Argentina todo es posible, es posible también que ese banco haya hecho de manera franca y explícita lo que otros grupos financieros estén haciendo a la callada, esto es desprendiéndose sin culpa de un área de negocios problemática y, en vista de la depresión económica, tal vez menos promisoria de lo que se esperaba.
El comportamiento timorato de las administradoras puede explicarse también por el hecho de que casi todas son parte de un grupo mucho mayor, que incluye bancos y compañías de seguros, y que privilegien, por sobre la defensa de los intereses de sus clientes, el cuidado de sus otros negocios frente a un gobierno hostil y capaz de cualquier cosa.
Prestemos también atención a la situación de los trabajadores de las AFJP. El gobierno dijo primero que los absorbería a todos y después se desdijo. Los sindicatos involucrados han guardado silencio, y tampoco cuidan de sus afiliados. En el sindicato del seguro maltrataron a una empleada de AFJP que fue a pedir su apoyo, según denuncia de ella misma.
Resumiendo: el estado avanza sobre los derechos individuales, los políticos se distraen en cuestiones ideológicas, los administradores de fondos colocan otras consideraciones por sobre la defensa de sus afiliados, y los sindicatos se hacen los desentendidos a la hora de ocuparse de quienes podrían quedar sin empleo por esta decisión gubernamental.
A esto es a lo que se hace referencia cuando se habla de crisis de dirigentes en la Argentina.
–Santiago González