República y corporación judicial

El gobierno continúa apretando su cerrojo sobre la justicia, empeñado en preservar a la familia presidencial y sus colaboradores más cercanos de una segura, larga e incierta recorrida por los tribunales tan pronto hayan abandonado el poder. Las causas que tienen pendientes la presidente Cristina Kirchner, su familia y sus funcionarios, se multiplican por centenares. Consiguientemente, la embestida contra la justicia tiene como blanco todos los frentes posibles, desde la Corte Suprema, con los repugnantes ataques contra el juez Carlos Fayt, hasta la Cámara de Casación, con el desplazamiento del juez Luis María Cabral, para el que se emplearon toda clase de artimañas, pasando por los feroces hostigamientos contra los fiscales José María Campagnoli y Germán Moldes, y los jueces Claudio Bonadío y Ariel Lijo, todos los cuales manejaban causas o investigaciones que afectaban al círculo presidencial. Pero las maniobras para colonizar la justicia vienen desde largo tiempo atrás, digamos que son inherentes al estilo despótico de los Kirchner, que ya habían hecho lo mismo en Santa Cruz, bajo la inspirada dirección de Carlos Zannini, elegido para completar la fórmula presidencial del heredero Daniel Scioli. Las herramientas preferidas de ese accionar: nombramiento de jueces y fiscales adictos y persecución de los independientes, y reforma de las normas que regulan la selección, vigilancia y remoción de magistrados y fiscales, para poder discriminarlos a su antojo.

Las maniobras, que se aceleran ante la inminente caducidad del mandato presidencial, han alcanzado ya tal nivel de escándalo que la familia judicial ha convocado al conjunto de la sociedad a una marcha de protesta para el 14 de julio, fecha coincidente con el aniversario de la Revolución Francesa.¹ Muy inteligentemente, los organizadores propusieron la consigna “Defendamos la República”, que así planteada no sólo es correcta sino que es urgente. Sin embargo, convocantes y convocados no deberían olvidar que una cosa es defender la República y otra muy distinta es defender la corporación judicial. Existe el riesgo de que la marcha confunda una cosa con la otra.

La corporación judicial ha sido uno de los ingredientes activos más poderosos en el proceso que dejó a la República Argentina en manos de las mafias, más poderoso aun que la corporación política. Sin la complicidad de la justicia, la política no podría haber destruido la República, institucional y económicamente, con la impunidad con la que lo ha venido haciendo desde 1930, y con intensidad creciente después de los golpes de 1955 y 1976. Por detrás de todos los gobiernos democráticos y de todas las dictaduras militares, la justicia aseguró la continuidad institucional del sistema de poder que se iba construyendo en las sombras.

El Poder Judicial debería ser el custodio de la Constitución y de las leyes, y el recurso último de defensa del ciudadano frente a la arbitrariedad del poder del Estado, y de otros ciudadanos en condición de ejercer poder sobre sus semejantes. Pues bien, a lo largo de su historia el Poder Judicial ha hecho exactamente lo contrario: ha convalidado las arbitrariedades del Estado y ha ratificado el poder de los poderosos frente al ciudadano común, cuya única defensa está en la letra de la ley. Pero el derecho a la defensa en juicio, que debiera ser el primero de sus derechos, está lejos del alcance de los ciudadanos comunes, lejos intelectualmente y lejos económicamente. Como ha sido dicho en otra nota anterior, la justicia argentina, tal como ha quedado diseñada por la práctica, no protege al débil sino al fuerte.

Para que no queden dudas, estamos hablando de un sistema judicial cuya Corte Suprema le reconoció legalidad a los gobiernos surgidos de un golpe de estado, y falló a favor del Estado y los bancos en el caso de la confiscación de depósitos de los ahorristas en el 2002; estamos hablando de un sistema judicial que jamás actuó con la diligencia debida ante las múltiples denuncias de corrupción ocurridas desde el regreso de la democracia; estamos hablando de un sistema judicial que durante la dictadura militar rechazaba los pedidos de habeas corpus en favor de los desaparecidos, y en la actualidad se encuentra empeñado en una campaña de venganzas contra ex miembros de las fuerzas armadas; estamos hablando de un sistema judicial que nunca pudo esclarecer los atentados del terrorismo internacional contra nuestro país, y que se prestó a las más variadas manipulaciones políticas de esas investigaciones; estamos hablando de un sistema judicial que ha habilitado todas las “industrias del juicio” imaginables, desde la vieja vaca lechera de los juicios contra el Estado hasta las más modernas de los juicios por accidentes de trabajo, accidentes viales o mala praxis; estamos hablando de un sistema judicial sin cuyo concurso no se explicaría la proliferación de ciertos delitos; estamos hablando de un sistema judicial más atento a los derechos del victimario que a los de la víctima; estamos hablando de un sistema judicial tradicionalmente penetrado por los intereses económicos, a través de una promiscua relación entre los juzgados y los grandes estudios, y más recientemente penetrado por los intereses ideológicos, sea el garantismo de Raúl Zaffaroni, o la militancia de Justicia Legítima; estamos hablando de un sistema judicial en el que Norberto Oyarbide, con 43 pedidos de juicio político en su haber, sigue siendo juez federal desde hace más de veinte años.

Sería injusto no reconocer que dentro de ese sistema judicial trabajan magistrados honestos, fiscales valientes, y una multitud de funcionarios que reman todos los días contra la corriente porque es su vocación la de impartir justicia. Pero la corriente es la que acabamos de describir; eso es lo que significa el sistema judicial para el ciudadano común que lo sostiene con sus impuestos, que normalmente sólo se involucra con él en calidad de demandado, y que jamás encuentra en sus laberínticos tribunales el espacio donde dirimir, simple y sencillamente, sus pequeños pleitos.

Pedirle ahora a ese ciudadano que marche en defensa de un sistema que le es absolutamente ajeno sólo porque la corporación judicial se siente acosada por el poder de turno sería pedirle demasiado. El llamado a defender la República es inteligente y aceptable si supone defender el principio, la idea de una justicia independiente, inherente al modelo republicano, defenderla en este caso contra los abusos del kirchnerismo, pero defenderla también contra la desnaturalización que ha experimentado, por la acción o la omisión de sus propios integrantes, en el contexto de un país en acelerado proceso de degradación.

–Santiago González

1. Posteriormente, los organizadores decidieron adelantarla una semana, al 7 de julio; antepusieron la urgencia del reclamo al simbolismo de la toma de la Bastilla. [↩]