Relativamente legal

Cuando un par de meses atrás el Congreso rechazó el proyecto sobre retenciones móviles para las exportaciones de granos mucho se habló del renovado papel de la legislatura, de la separación de poderes, del fortalecimiento de las instituciones.

Esta semana, el mismo Congreso se encargó de dar por tierra con esas ingenuas interpretaciones. Y afianzó de paso un nuevo criterio legislativo, que va en camino de convertirse en doctrina y que podríamos denominar relativismo legal.

Las dos cámaras sancionaron un presupuesto para el año 2009 tan alejado de la realidad en sus fundamentos que más parece una pieza de ficción que un instrumento de gobierno. Al mismo tiempo, refrendaron su condición de súbditos del ejecutivo al cederle facultades bajo la forma de los llamados superpoderes.

En otras palabras, rige la división de poderes, pero sólo relativamente porque el ejecutivo puede preferir en cualquier momento pasar por alto el molesto trámite de consultar a los vasallos, y saltar directamente a los hechos. Y los vasallos no se sienten quiénes para impedírselo.

La cámara baja aprobó la confiscación por el estado de fondos ahorrados por trabajadores con vistas a su jubilación y depositados en cuentas personales para su administración por entidades privadas, arrasando con derechos adquiridos merced a una ley vigente desde hacía catorce años.

Este último episodio resulta todavía más escandaloso por la participación que tuvieron legisladores que se describen como parte de la oposición en la aprobación de la iniciativa oficial.

Uno no puede esperar mucho de las bancadas oficialistas: desde su derrota electoral en 1983, el peronismo está cada vez más lejos de la política y más cerca de la delincuencia organizada. De modo que su concepción relativa de la ley es, digamos, casi natural.

Pero que socialistas, ex aristas, radicales cobistas, junto a algunos bloques menores y figuritas sueltas hayan refrendado ese despojo agrega serios motivos de preocupación acerca de nuestra clase política.

Uno trata de entender por qué legisladores en otros sentidos atendibles por la coherencia de sus posiciones y la razonabilidad de sus argumentos han dado su asentimiento a una iniciativa pura y exclusivamente orientada a saquear dineros privados para ponerlos al arbitrio del estado.

Uno trata de comprender por qué han respaldado un proyecto que se burla de la decisión de 9,5 millones de afiliados a las AFJP de permanecer en ese sistema, que convierte en letra muerta los contratos entre particulares, y que despoja a la gente de fondos acumulados, vale la pena repetir, en el marco de una ley que generaba la obligación de aportar y el derecho de disponer en condiciones pactadas.

Y la única respuesta racional que surge, descartada la compra de voluntades, es que para nuestra clase política las convicciones ideológicas están por encima de la ley y la Constitución. No es necesario advertir el enorme rumbo que abre este criterio para la comisión de arbitrariedades de todo tipo.

El ex arista Carlos Raimundi lo había expresado con toda claridad días antes de la votación, en declaraciones a una radio que cito de memoria: “¿Con qué cara le voy a decir a mi hijo que voté en contra de la jubilación estatal?”. Obviamente, la vigencia de la ley es relativa según sean mis convicciones ideológicas.

Además ese no era el tema del debate. El tema del debate era si el estado puede o no confiscar a su antojo fondos privados. El diputado Raimundi pudo haber dado ese debate, y seguir mirando en los ojos a su hijo. Pero Raimundi y otros como él, voluntariamente o no, cayeron en la trampa tendida por el gobierno, y sobre la que advertimos oportunamente en este sitio.

La aprobación del proyecto en diputados por una mayoría de más de dos a uno augura un trámite sin mayores dificultades en la cámara alta, con lo cual el Congreso, el poder que agrupa a los legisladores, justamente a los que tienen a la ley como materia y norte de su actividad, estará diciendo a la sociedad que la ley tiene entre nosotros sólo una vigencia relativa.

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Hubo un país llamado Argentina donde las luces del semáforo tenían un significado preciso que todo el mundo entendía y obedecía: verde, se avanza; rojo, se frena. Fuese peatón, ciclista o automovilista. Ese país existe todavía, pero las luces tienen ahora un significado relativo, y nadie se arriesga a cruzar una avenida confiando sólo en la luz verde.

Hubo un país llamado Argentina donde las leyes vigentes tenían un significado preciso que todo el mundo entendía y obedecía: estás obligado a hacer esto, pero como contrapartida recibes esto otro. Ese país existe todavía, pero las leyes tienen ahora un significado relativo: estás obligado a hacer esto, pero puede que nadie controle que lo cumplas, y como contrapartida puede que recibas esto otro, pero también puede que no.

Como consecuencia, ¿debería uno arriesgarse a confiar su seguridad, su libertad y su patrimonio sólo al amparo de la ley?

–Santiago González