Todos los argentinos aportamos por lo menos un 40 por ciento de nuestros ingresos para el sostenimiento del estado nacional: un 20 por ciento en retenciones e impuestos varios a los ingresos en sí, y otro 20 por ciento en concepto de IVA sobre todo lo que consumimos. Además de esta tasa digamos pareja para todos, pagamos según los casos una multitud de otros impuestos a la propiedad, inmueble o automotor, impuestos internos sobre el tabaco, el alcohol y la yerba, impuestos a los combustibles, una multitud de impuestitos para diversos fondos de promoción, impuesto al cheque, peajes y otras numerosas gabelas. Los gobiernos que se autodefinen como progresistas aplican además otro impuesto universal, conocido como inflación, que se lleva anualmente de un 20 a un 25 por ciento más de nuestro patrimonio a tasas actuales. Finalmente debemos pagar el impuesto a los bienes personales, que vienen a ser lo que nos queda después de pagar todos los impuestos anteriores.
A cambio de toda esa carga, que se lleva, año tras año, más de la mitad de nuestros ingresos y parte del patrimonio, se supone que el estado debe proveernos educación, salud, justicia, seguridad interna y externa, infraestructura, y pensiones a la vejez. Ahora bien, como la provisión de esos servicios por parte del estado ha sido tremendamente deficiente, en la medida del poder adquisitivo de cada uno, los argentinos nos hemos acostumbrado a buscarlos en prestadores privados de salud, educación, seguridad, y seguros de retiro. Quiere decir que pagamos dos veces por los mismos servicios: una vez a quien nos los presta realmente, y otra vez al estado, que no lo hace o lo hace mal. Este segundo gasto, que no necesitaríamos hacer pero que absorbe buena parte de aquella mitad de nuestros ingresos que tributamos como impuestos, es en los hechos un subsidio al estado. Le pagamos aún sabiendo que no nos va a dar nada a cambio.
Los subsidios a las tarifas de los servicios públicos se establecieron luego de la crisis del 2001, cuando casi nadie estaba en condiciones de pagarlas a su valor real porque la megadevaluación había reducido los sueldos a un tercio, la mitad de los argentinos ni siquiera tenía trabajo, y la matriz energética del país había colapsado. Cuando la economía comenzó a recuperarse, el gobierno kirchnerista, temeroso de perder popularidad, optó por mantener esos subsidios cuando lo que debió haber hecho era reducirlos gradualmente. Con el correr del tiempo, los subsidios se convirtieron en una mentira mantenida por razones demagógicas. Para financiarlos, el gobierno emitió billetes, con la emisión generó inflación, y con la inflación se apoderó como dijimos de entre un 20 a un 25 por ciento anual del patrimonio de la gente. En otras palabras, la gente pagó con inflación lo que en las facturas venía alegremente anunciado como subsidio. La plata salió siempre de nuestro bolsillo: nadie nos regaló nada.
Ahora el gobierno decidió eliminar esos subsidios: una medida necesaria instrumentada con un mecanismo perverso, con notables ecos de la Italia mussoliniana. Perverso por la necesidad de presentar una suerte de certificado de pobreza para seguir percibiéndolo; perverso por la falta de parámetros explícitos, y por lo tanto discrecionalidad, en la definición de quiénes estarán en condiciones de percibirlo; y perverso por la publicación de la nómina de quiénes lo reciban y quiénes no, lo cual implica una humillante invasión de la privacidad, y sienta peligrosos antecedentes en términos de control social de las vidas individuales.
Pero además, la anunciada eliminación de subsidios abre la posibilidad de que nuevamente nos encontremos en la situación de pagar dos veces por el mismo servicio. Para ser creíble, la eliminación de los subsidios debería ir acompañada por medidas creíbles para abatir la inflación. La inflación es siempre el nudo del problema, se trate del dólar, de las tarifas, o de lo que sea. Si el gobierno cancela los subsidios pero no cancela la inflación, vamos a estar pagando dos veces la boleta del agua, el gas, y la electricidad: una con las tarifas reales, y otra por vía de la inflación, la emisión monetaria con la que el gobierno financiaba hasta ahora los subsidios, y que a partir de ahora podría aplicar a otros gastos igualmente demagógicos.
–Santiago González