De Malvinas a YPF

“La indemnización a Repsol es una estafa, un acuerdo espurio, antinacional, un robo”, declaró el senador electo Fernando “Pino” Solanas. “Quiero expresar mis felicitaciones a todos los que han participado en la negociación [con Repsol]”, escribió el ex ministro de economía Domingo Cavallo. Se puede coincidir o no con las opiniones de Solanas o de Cavallo, pero no se puede desconocer que se trata de dos personas honestas que dicen lo que dicen según su más leal saber y entender. Si el acuerdo alcanzado entre YPF y la petrolera española puede ser visto desde perspectivas tan opuestas por dos personas confiables y sin intereses creados en el asunto, ¿qué puede sacar como conclusión el hombre de la calle, el que ocupado en sus quehaceres apenas si puede echar un vistazo a los titulares de los diarios, y quiere hacerse una idea de lo que está ocurriendo? ¿Quién tiene razón, Cavallo o Solanas? Lamentablemente para todos los argentinos, los dos tienen razón, sólo que cada uno está mirando una parte de la cuestión.

Tiene razón Solanas, porque lo que hizo Repsol con YPF, con la complicidad directa de Néstor Kirchner, no tiene perdón de Dios. Tal como Iberia había hecho con Aerolíneas, recibió una empresa bien administrada y en proceso de expansión, y lisa y llanamente la vació: explotó las reservas hasta agotarlas, nunca las amplió en proporción razonable, y se dedicó a repartir dividendos que superaban con creces las ganancias obtenidas. La situación de YPF se volvió insostenible, y para encubrir el desmanejo alentado por el ex presidente, su viuda lanzó una cortina de humo nacionalista, y entre vivas a la patria e invocaciones al general Mosconi, la confiscó. El interés nacional exigía no una confiscación, sino una demanda judicial como la iniciada por Elisa Carrió. Pero obviamente, la familia Kirchner no podía seguir ese camino sin autoinculparse. Mientras el actual ministro de economía Axel Kicillof decía por aquellos días que la Argentina no iba a pagar un peso por YPF, el presidente de Repsol Antonio Brufau, responsable español del vaciamiento, reclamaba en todos los foros judiciales y corporativos posibles una compensación de 10.000 millones de dólares. Su campaña fue tan intensa y eficaz que nadie en el mundo quiso venir a poner plata en la empresa confiscada. La cuenta por importación de energía fue creciendo para el país en la misma proporción en que YPF veía reducirse su producción. Acorralado por la caída de las reservas, el gobierno llegó primero a un acuerdo vergonzante, plagado de cláusulas secretas, con la norteamericana Chevron, y finalmente tuvo que arrojar la tohalla y llegar a un entendimiento con Repsol cuya letra chica no se conoce pero que, a juzgar por lo que trasciende, va en camino de satisfacer casi por completo las pretensiones de Brufau. Ahora Kicillof dice que la Argentina debe indemnizar a Repsol por la empresa expropiada. Gracias a los pujos nacionalistas de la presidente, los argentinos quedamos en peor situación que antes de la confiscación y con una deuda cuantiosa que saldar. Nada indica, por lo que se sabe, que la producción de YPF vaya a aumentar de la noche a la mañana, de modo que durante un tiempo al menos habrá que pagar a la vez esa deuda y el petróleo importado. Y, no obstante todo lo dicho, tiene razón también Cavallo al saludar el acuerdo, porque en el mundo civilizado la propiedad no se confisca y los compromisos se honran, y la única posibilidad que tiene la Argentina de normalizar sus relaciones con el mundo civilizado y atraer las inversiones que tan desesperadamente necesita, y no sólo en el terreno energético, es retomar el camino de la legalidad. No hacerlo implicaría mayores sufrimientos, no para los funcionarios que condujeron a esta situación, sino para su pueblo en general.

El caso de YPF evoca de inmediato, y con las debidas distancias, el conflicto de Malvinas: en ambos casos, un gobierno acosado recurrió a un golpe de efecto nacionalista para embellecer su imagen. La presidente exhibió el mismo desafío arrogante de aquel general que invitaba a venir a quienes quisieran, para terminar luego allanándose a la más humillante de las claudicaciones. Kicillof y Miguel Gallucio se erigen en la versión contemporánea de Alfredo Astiz y Mario Menéndez, firmando las actas de rendición que el relato oficial jamás va a reconocer como tales, pero que dadas las circunstacias representan la única conducta sensata. La causa de Malvinas, como la de YPF, era perfectamente justa y razonable… para ser perseguida por el camino del derecho y la razón. Pero a quienes se adueñaron de esas causas les importó menos la obtención del objetivo que su propia imagen como paladines de la soberanía nacional. Para halagar al populacho, recurrieron al patoteo, a la bravuconada, poniendo a la Argentina fuera de la ley y dejándola más lejos de la soberanía territorial o de la soberanía energética que al principio. De abril de 1982, cuando los militares del Proceso desembarcaron en Malvinas aplaudidos por muchos incautos, a abril de 2012, cuando Cristina Kirchner decidió confiscar YPF aplaudida por otros tantos incautos,  la Argentina, los argentinos, no hemos aprendido nada.

–Santiago González