El gobierno impuso a las compañías aéreas la obligación de brindar información personal sobre los pasajeros que viajen al exterior. Buena parte de esa información ya era requerida de todos modos por las aerolíneas por razones administrativas, pero la novedad es que ahora el gobierno va a contar con ella. Nadie entiende para qué esas 32 preguntas: objetivamente, la medida sólo sirve para meter miedo a la clase media que no viaja al exterior, o viaja poco; el que viaja, seguirá haciéndolo, y el que no viaja probablemente ni se entere del asunto. El problema está en que el gobierno no tiene ningún derecho a meterse compulsivamente en la vida privada de la gente, y a registrar minuciosamente sus actividades. Hay aquí una invasión de la privacidad absolutamente inconsulta: se trata de una simple resolución administrativa que no pasó por el examen de ningún cuerpo de los que al menos teóricamente representan a los ciudadanos. La decisión oficial se enmarca en una concepción del estado omnipotente y omnipresente, que ordena y regula la vida de los ciudadanos, una concepción autoritaria que está en las antípodas del estado republicano propuesto por los organizadores de la Argentina. Esa concepción no nació con los Kirchner sino que se entrometió en nuestra vida política con la fatídica “hora de la espada” de 1930, y fue ganando espacio hasta convertirse en el único modelo concebible de organización social, mansamente aceptado por una población crecientemente estupidizada y aborregada. No existe hoy en la Argentina ningún sector político de cierta dimensión que haga suyas con la energía necesaria las banderas de la libertad y los principios que aparecen sancionados en nuestra Constitución. Esta perversa relación estado-ciudadano ha sido rápidamente replicada en el terreno económico, y cualquier empresa, particularmente las empresas de servicios, se siente autorizada a maltratar a sus clientes, e incluso a pedirles información, con la misma arrogancia que el estado pone en el trato con los ciudadanos. Ya nadie recuerda que el poder le pertenece: que el estado fue creado para resolver algunas cuestiones, muy pocas en realidad, que los ciudadanos no podrían resolver individualmente, y que las empresas de servicios existen justamente para servir. Servir, en ambos casos, como en sirviente, para que quede claro cuál debe ser su lugar. Que la misma relación amo-esclavo se replique en la relación estado-ciudadano y empresa-cliente indica que el problema es mucho más grave, que lo tenemos incrustado en nuestro tejido social, y que resolverlo es algo que va más allá de un cambio de gobierno. El desafío que tenemos por delante es el de un cambio de mentalidad, cambio que necesariamente tiene que surgir desde abajo hacia arriba, porque no podría ser de otro modo, porque si fuera de otro modo nos encontraríamos nuevamente ante una autoridad, cualquiera, que nos dijera, aun con las mejores intenciones, cómo deberíamos comportarnos. Y lo que deberíamos buscar, asumiendo nuestra condición de ciudadanos libres y dignos, es exactamente lo contrario. Ese cambio de mentalidad, entonces, debe nacer en nuestras conciencias, y traducirse en hechos, en conductas, en reclamos, en demandas, en negativas y en rechazos. En coraje, en tenacidad, y en disposición para un largo sacrificio. Tal vez nuestros hijos o nuestros nietos recojan los beneficios. A nosotros nos quedará el orgullo de la lucha. Pero si no hacemos algo, nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos cargaremos al cuello el yugo del esclavo. El problema grave no son las 32 preguntas sino nuestra respuesta.
–Santiago González