El extraño caso de los objetos nazis

Los hechos, según aparecen narrados en la prensa, son más o menos así: siguiendo el rastro de unas piezas de arte robadas, la policía llegó hasta una vivienda particular en la localidad de Beccar, en las afueras de Buenos Aires. La vivienda pertenece a una persona no identificada, descripta como coleccionista o anticuario. Con una orden provista por la jueza Sandra Arroyo Salgado, la viuda del fiscal Alberto Nisman, la policía allanó la casa, encontró efectivamente una cantidad de piezas artísticas y arqueológicas y, detrás de lo que se describió como una falsa biblioteca, una variada colección de objetos originales relacionados con el nazismo, desde pequeños juguetes decorados con la cruz gamada hasta utensilios que habrían pertenecido al mismísimo Adolf Hitler. La policía se incautó de todo lo que había en la casa, y los expertos comenzaron a evaluar el origen legal o ilegal de las piezas de arte. Los objetos relacionados con el régimen nazi, en cambio, recibieron otro tratamiento. En un acto realizado en la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en el que la entidad agradeció el secuestro de la memorabilia, la ministra de seguridad Patricia Bullrich anunció su propósito de pedir a la jueza Arroyo Salgado que, una vez concluidas las pericias, el conjunto sea entregado al Museo del Holocausto de Buenos Aires. “Ese es el lugar para mostrar estas piezas del horror y que todo aquel que venga a la Argentina las pueda conocer”, dijo.

La noticia del hallazgo dio la vuelta al mundo, impulsada por sus ribetes escandalosos, que también obraron aquí como cortina de humo para confundir cuestiones separadas que se abren en direcciones diferentes: una es la posesión de obras de arte y objetos arqueológicos obtenidos ilegalmente y cuya desaparición ha sido denunciada por sus anteriores propietarios o custodios, cuestión que es un simple trámite policial, y otra es guardar una colección de piezas relacionadas con el régimen nazi, cuestión que merece atención distinta.

Las preguntas que plantea este último desarrollo comienzan así: ¿en virtud de qué normas el Estado argentino se considera autorizado a secuestrar una colección de objetos, de la naturaleza que fuesen, atesorados por una persona para su satisfacción personal o para su posterior enajenación? No mediando una denuncia de robo sobre ellos, la mera posesión de objetos antiguos es del todo legítima, cualquiera sea su naturaleza. Su uso es otra cosa: uno puede poseer, e incluso exhibir, supongo, una guillotina sin mayores problemas, pero ponerla a funcionar resultaría en la mayoría de los casos reprobable. En el caso que comentamos no es posible reprochar a su propietario haber hecho un uso impropio de la potente naturaleza simbólica de la colección impugnada, dado que el mismo informe oficial reconoce que estaba resguardada en un cuarto de acceso disimulado, de modo que ni por accidente podían quedar a la vista de cualquiera. Entonces, ¿en virtud de qué normas, invocando qué clase de delitos, la ministra de seguridad se siente autorizada para solicitar a la justicia que las posesiones particulares de un ciudadano privado le sean arrebatadas y puestas en manos de una entidad privada, como es el Museo del Holocausto, con cuyo vicepresidente, para complicar las cosas, mantiene vínculos personales?

La Constitución argentina resguarda expresamente tanto el derecho de propiedad como la libertad de opinión, en caso de que las simpatías personales del propietario de los objetos pretendan ser puestas en juego. Si yo tuviera entre mis pertenencias una pipa de José Stalin, o una salivadera de Pol Pot, o un reloj de Fidel Castro, o una lapicera de Henry Kissinger, o un retrato dedicado de la familia Bush, ¿estaría incurriendo acaso en alguna clase de delito? Y las preguntas siguen amontonándose: ¿por qué no se conoce la identidad del coleccionista o anticuario o traficante? ¿Por qué no sabemos si tomó alguna provisión en defensa de sus intereses? ¿Acaso hubo alguna negociación, un toma y daca? ¹ Estas preguntas son también importantes, porque el señor del caso bien puede eventualmente demandar al Estado, y el Estado (o sea nosotros, los contribuyentes) verse  en la segura obligación de indemnizarlo, y los objetos de marras quedar finalmente en manos del museo, porque uno de los propósitos declarados de la ministra es que no se puedan vender. –S.G.

1. Con posterioridad a la publicación de esta nota, se conocieron las identidades del anticuario y de su abogado; el diario Clarín estableció también que varias afirmaciones de las autoridades respecto del caso carecían de sustento o eran directamente falsas. [↩]