Si la justicia electoral no hubiese vetado su candidatura, el líder laborista Luiz Inacio “Lula” da Silva probablemente estaría hoy festejando la obtención de un tercer mandato para la presidencia de Brasil. Cuando en abril el Supremo Tribunal Federal dio luz verde para que Lula, condenado a 12 años de prisión en un dudoso caso de corrupción, fuera efectivamente a la cárcel, el ex presidente encabezaba las encuestas con un 34 por ciento de apoyo. Jair Bolsonaro le seguía en las preferencias con un 12 por ciento. El encarcelamiento de Lula no hizo mella en su imagen popular, y hacia fines de agosto, hace apenas dos meses, cuando finalmente la justicia electoral le impidió participar de la contienda, su nivel de apoyo había crecido al 37 por ciento; también Bolsonaro mejoraba su perfil, con algo más del 18 por ciento de respaldo.
Fue en ese momento, cuando resultó evidente que Lula no iba a competir en las elecciones presidenciales, que Bolsonaro comenzó su carrera ascendente. Lula demoró hasta el 11 de septiembre la renuncia efectiva a su candidatura, lo que dejó a su delfín Fernando Haddad apenas tres semanas para hacer campaña. Para ese entonces, el respaldo a Bolsonaro en las encuestas había aumentado vertiginosamente al 24 por ciento, cifra que casi llegaría a duplicar en la primera vuelta electoral, cuando obtuvo el 46 por ciento de los votos, frente casi un 30 de Haddad. Lula no pudo transferir su respaldo a Haddad, Dilma Rousseff ni siquiera obtuvo los votos para ser senadora por su distrito, y desde entonces todo fue para Bolsonaro que previsiblemente se impuso en la segunda vuelta.
Este vuelco del electorado es quizás el aspecto más interesante de la elección brasileña. Por lo pronto pone en entredicho uno de los argumentos más utilizados para explicar la victoria del ex militar, según la cual su voto se explica por el hartazgo popular con la vasta red de corrupción que involucró tanto a funcionarios del Trabalhismo de Lula y Dilma como a un amplio y relevante sector del empresariado brasileño. Si ese hubiese sido el caso, el sostenido respaldo que tuvo Lula hasta último momento resultaría difícil de entender. Lo mismo puede decirse sobre la adhesión del PT a la agenda progresista. La preferencia popular respaldó al PT hasta último momento, sin que la agenda progresista influyera por lo visto ni a favor ni en contra.
Como suele suceder, el argumento que mejor se sostiene es el que se relaciona con los números. Los brasileños conocieron con Lula un período de crecimiento económico y mejoramiento social que permitió a muchos salir de la pobreza (fenómeno que enamoraba, recordemos, a los comentaristas argentinos, que oponían las políticas “de mercado” de Lula, heredadas de su mentor Fernando Henrique Cardoso, contra las políticas “populistas” de los Kirchner); a Dilma, en cambio, le tocó presidir un período de prolongada recesión, en parte vinculada al escándalo de corrupción que le estalló en las narices y le costó la presidencia. La adhesión a Lula y el rechazo por Dilma que evidenciaron las elecciones que acaban de finalizar se explican por esas realidades, antes que por cuestiones ideológicas.
Tampoco son las cuestiones ideológicas las que explican el triunfo de Bolsonaro, porque si así fuera el electorado brasileño ganaría el campeonato mundial de volubilidad, al transferir sus preferencias sin trauma alguno desde un candidato “de izquierda” a otro candidato “de derecha”. Pero los pueblos no se mueven por incentivos ideológicos, y de hecho no fue ideología lo que el candidato triunfante ofreció en su campaña, sino sentido común: mano dura con el delito, reglas claras para la economía, e identidad y orgullo nacional. Los votantes se sintieron conformes con esa oferta –nada más y nada menos que lo que se espera de un Estado organizado– y la prefirieron a la opaca mediocridad bienpensante del resto.
Las cuestiones ideológicas las metieron en danza los periodistas, y fracasaron en todos los frentes. No lograron convencer a los brasileños de que Lula es un izquierdista corrupto, ni de que Bolsonaro es un fascista violento, o en todo caso, no lograron convencerlos de que ése era el rasgo a tener en cuenta a la hora de decidir el voto. Si la inoperancia de la ideología fue una comprobación significativa en este comicio, la impotencia de la prensa para moldear la opinión pública, especialmente invocando argumentos ideológicos, se le ubicó a la par. Esa formidable colusión gatopardista entre la gran prensa y los intereses creados, que garantizó en Occidente el mantenimiento del status quo desde mediados del siglo pasado y especialmente tras la implosión de la Unión Soviética, está tocando a su fin. Las redes sociales han creado una plaza pública virtual donde el boca a boca no tiene límites de tiempo ni espacio.
–Santiago González