Pando paria proscripta

Hace 13 años, Cecilia Pando tuvo la audacia de plantear públicamente unas opiniones insoportables para el progresismo que, incentivado por Néstor Kirchner, controlaba con mano de hierro la circulación de mensajes sociales. En una carta a La Nación defendió al obispo castrense Antonio Baseotto, cuestionado entonces por oponerse al reparto estatal de preservativos entre los jóvenes; más tarde, participó de una marcha frente a los tribunales federales para protestar por la detención y enjuiciamiento de ex militares participantes de la lucha contra el terrorismo izquierdista en la década de 1970, tras la derogación por Kirchner de la amnistía que les había concedido el ex presidente Carlos Menem. El Estado no persiguió directamente a Pando por esas expresiones públicas, pero el Ejército dispuso el pase a retiro de su esposo, el mayor Rafael Pedro Mercado, y el progresismo empleó a fondo toda su artillería mediática para convertir a Pando en una suerte de energúmeno y paria social. (El año pasado, la mujer le ganó un juicio a la revista satírica Barcelona, que había transgredido varios límites en sus ataques.) Desde entonces Cecilia Pando se convirtió en defensora tenaz de los militares, sometidos a unos juicios plagados de irregularidades, que en buena parte han sido ejercicios de venganza antes que de justicia, y se la vio con frecuencia en marchas, movilizaciones, congresos y reuniones orientados a cuestionarlos. En 2015 hizo público su apoyo al actual presidente: “Uno de los motivos por los que voto a Macri es porque no dejaría sin trabajo a alguien por pensar distinto”, escribió en Twitter. Al poco tiempo, sin embargo, Pando tuvo que salir en defensa del ex ministro de cultura porteño Darío Loperfido, quien cuestionó por fantasiosa la cifra de los 30.000 desaparecidos, y el gobierno de la ciudad lo echó. Esta semana, Pando volvió a ser noticia. El colegio católico Francesco Faá di Bruno, del barrio de Palermo, la contrató como maestra, y la despidió a los dos días invocando presiones de los padres; sus responsables justificaron la decisión con declaraciones y comunicados que no estuvieron a la altura de sus aranceles, en los que implicaron que no tenían idea de quién era Pando, y prometieron nuevas “medidas de seguridad (sic) a tener en cuenta.” Como hace trece años ocurrió con su marido, Pando hoy perdió su trabajo como consecuencia de sus opiniones políticas, lo que demuestra que el delito de opinión efectivamente está vigente en la Argentina. Y que la dictadura progresista sigue en pie. Tal vez ello explique que el INADI no haya reaccionado de inmediato ante este caso flagrante de discriminación, ni la flamante jefa de los fiscales haya pedido investigar si en el episodio hubo alguna violación de derechos, ni que la gran prensa le haya prestado la menor atención a un episodio que denuncia severos trastornos sociales y una preocupante inseguridad jurídica. –S.G.