Cataluña no es Brexit

Respetables liberales aplauden el independentismo catalán y lo comparan con el Brexit, el referendo mediante el cual los británicos decidieron abandonar la Unión Europea. “Cuanto menos estado, mejor; cuanto más pequeñas las unidades políticas que le chupan la sangre a los pueblos, mejor”, dicen, y uno casi estaría de acuerdo. Pero los principios muy generales deben ser puestos en contexto, y las comparaciones deben hacerse entre cosas iguales. No es lo mismo desafiliarse de la Unión Europea, un reciente producto de laboratorio que aún no ha pasado la prueba de la historia, que desprenderse del Reino de España, consecuencia de siglos de guerras, demografía y política. No es lo mismo el prolijo referendo conducido por los británicos dentro de las previsiones de la ley que el mamarracho mediático e inconstitucional montado por Carles Puigdemont y sus compinches del gobierno catalán.

El aspecto principista fue bien expuesto días atrás por el presidente del Instituto Mises, Jeff Deist: “Para los libertarios, la autodeterminación es el fin político más importante. En términos políticos, la autodeterminación es libertad. (…) Los libertarios deberían apoyar gobiernos más pequeños y más descentralizados como un paso pragmático hacia una mayor libertad. Nuestro objetivo sería hacer retroceder el poder político siempre que sea posible, haciendo a los estados menos poderosos y más fáciles de evitar. Barcelona es menos ominosa que Madrid.” La idea es compartible… en el terreno de las ideas. En el ámbito de la vida real, sin embargo, debe ser puesta en contexto. El poder político no es lo único que pesa sobre las libertades individuales y succiona el fruto del trabajo de las personas; el poder económico también hace lo suyo, mucho más que el poder político, al que modela y condiciona a su favor, pero esto no se suele decir. La Unión Europea, para no salir de la región, surgió más de la conveniencia económica que de la necesidad política, y sus regulaciones han sido en general beneficiosas para las corporaciones y desastrosas para los pueblos, como sabiamente advirtieron los ingleses. La idea de la descentralización política es muy atractiva, claro, siempre y cuando vaya acompañada por una fragmentación proporcional del poder económico. Pero por lo que vemos, en el mundo está ocurriendo exactamente lo contrario. El aparato productivo y financiero aparece embarcado en un proceso imparable de concentración, que tiene su correspondencia en una distribución de la riqueza cuya desigualdad ha superado hace rato la barrera del escándalo, pero esto tampoco se suele decir. Ahora, si les hiciéramos caso a nuestros entrañables libertarios, estaríamos procurando un mundo con estructuras políticas cada vez más pequeñas y más débiles, pero con estructuras productivas y financieras cada vez más concentradas y poderosas. ¿Qué medida debería tener la unidad política ideal para no desamparar al individuo? En este contexto, para la suerte del hombre de a pie, ¿no sería la pequeña Barcelona más ominosa que Madrid, cabeza del reino? La pregunta no debería ser eludida por quienes se proclaman liberales o libertarios, porque de lo contrario serían blanco fácil para la acusación de estar haciéndole el caldo gordo al dinero.

Pero es hora de pasar de los grandes principios a las efectividades conducentes, como decía un viejo caudillo político argentino. Son varios los observadores que han señalado motivaciones más bien turbias en este inesperado sarampión catalán, aparente consecuencia de un plan urdido por intereses que encontraron en el independentismo una especie de negocio personal o familiar, y un santuario para esos negocios. Los lectores del sitio recordarán este pasaje de la columna de Gabriela Bustelo que publicamos la semana pasada: “Seamos serios. El secesionismo catalán empezó cuando Jordi Pujol montó una mafia familiar en la década de 1980, poniendo a esa empresa corrupta el muy comercial nombre de Nacionalismo. El secesionismo catalán no es ansia de libertad. Es corrupción.” En una respuesta al artículo de Jeff Deist citado más arriba, la consultora Marta Hidalgo, de la Universidad Mises, se remitió al mismo asunto: “Al movimiento nacionalista catalán a favor de la independencia no le mueve una necesidad urgente de libertad para establecer un paraíso libertario de libre mercado y bajos impuestos. No busca la creación de un gobierno más pequeño y más descentralizado. Es la creación de poderosos intereses especiales en la región para el fin de conseguir todavía más poder, concesiones y dinero del resto de España, al tiempo que controlan aún más a los catalanes a través del adoctrinamiento y la creación de un malvado opresor extranjero. La independencia no es un fin para ellos, es una herramienta política. (…) Uno de los mayores casos de corrupción política es el de la familia Pujol. Jordi Pujol fue el presidente del gobierno catalán durante 23 años y está considerado uno de los padres de la nación catalana. Se ha descubierto que su familia y él mismo tienen una fortuna de aproximadamente 3.300 millones de euros en paraísos fiscales. Este dinero estuvo escondido a las autoridades fiscales y su origen se está investigando. El tribunal reveló que provenía de actividades políticas, principalmente de pagos ilegales de empresarios en busca de contratos públicos. Tristemente, no es el único caso de este tipo.”

Hidalgo tuvo algo que decir además acerca de la legalidad de lo que ocurre en Cataluña, que además de iluminarnos sobre detalles que no conocemos, lo coloca a años luz de lo sucedido en Gran Bretaña con el Brexit: “Quiero la libertad para Cataluña, y si eso significa que esté fuera de España, que sea así. Pero debe hacerse legalmente. La Constitución española establece que el país es una monarquía democrática y constitucional y que la soberanía reside en el pueblo español. Más del 90% de los catalanes votaron sí a la Constitución española. Para cambiar el sistema político actual, un referéndum debería empezar en el Congreso nacional, con una ley aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento. A través de este sistema sería posible realizar un referéndum en Cataluña para verificar la realidad de las reclamaciones secesionistas entre el pueblo, pero esta posibilidad no ha sido contemplada por los nacionalistas. La Constitución y la opinión de aquellos que no están a favor de la secesión, que se sienten al tiempo españoles y catalanes, que no están implicados en el programa político de los nacionalistas catalanes, como vimos en 2014, también debe ser respetada. Pero si los nacionalistas llevaran a cabo ese referéndum, podrían perder: la propaganda no te lleva más allá.”

La irresponsabilidad dolosa de Puigdemont y su gobierno lo llevó a saltearse todos estos pasos que la prudencia constitucional prescribe, bajo la mirada impotente del sorprendido Mariano Rajoy. Ambos hombres son responsables de la herida que este fatídico 10 del 10 ha sufrido España, dolorosa, inútil, y muy difícil de restañar.

–Santiago González