El intento legislativo de imponer el llamado “canon digital” a los productos capaces de reproducir o almacenar contenidos digitales fracasó la semana pasada por la rápida reacción de usuarios alertados, que saturaron las redes sociales con sus protestas e hicieron temblar a los políticos empeñados en conquistar el voto de los más jóvenes.
“Hemos escuchado la multiplicidad de voces contrarias a esta iniciativa, y por eso se tomó la decisión de continuar debatiéndolo”, dijo el senador kirchnerista Miguel Angel Pichetto, impulsor del proyecto junto al socialista Rubén Giustiniani, al explicar por qué la cámara alta no lo trató el miércoles como tenía planeado.
El proyecto, que habría beneficiado principalmente a los cuatro grandes grupos discográficos multinacionales y a algunos parásitos locales, ofrece un ejemplo impecable del modus operandi oficialista: vestir un negocio oscuro con la apariencia de una buena causa, en este caso “compensar a los artistas por los efectos de la copia”.
Pero la iniciativa de los legisladores nada tiene que ver con la piratería, a decir verdad ni siquiera la menciona; difícilmente hubiese compensado a los “artistas”, y mucho menos a los artistas argentinos. En cambio, habría perjudicado a todos los usuarios de informática encareciendo insumos y accesorios de uso común.
Para confundir a la gente, una docena de nombres del ámbito musical y cinematográfico (cuyas obras difícilmente hayan merecido el homenaje del pirateo) se apresuraron a dar su respaldo a la iniciativa a fin de brindarle credibilidad. Costumbres del progresismo local.
Afortunadamente, los usuarios más jóvenes han hecho buen acopio de información –local y del exterior, donde hubo intentos similares–, y la han distribuido y comentado con generosidad en la red, de manera que no se los puede engañar fácilmente. Pero el gran público está en ayunas, y la versión de los medios ha sido por lo menos confusa.
“El canon digital nada tiene que ver con la piratería, y perjudica de forma directa a los profesionales y empresas que trabajan de forma diaria con la tecnología”, explica Beatriz Busaniche, integrante de la Fundación Vía Libre, dedicada a estudiar la cuestión de los derechos de autor en el ambiente de las nuevas tecnologías.
El proyecto de Pichetto y Giustiniani apunta contra la llamada “copia privada” que es la que el usuario hace, por ejemplo, cuando convierte el CD que acaba de comprar en una serie de archivos MP3 para escuchar en su teléfono celular. Los patrocinantes del proyecto implican que el usuario debería pagar dos veces por el mismo contenido, en un formato y en el otro.
“La legislación vigente no permite la copia privada”, argumentan los legisladores interpretando la ley 11.723 de propiedad intelectual, cuyo artículo 72 considera incurso en el delito de defraudación a quien “edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor”.
Reproducir es lo mismo que copiar, y por lo tanto cualquier copia, según Pichetto-Giustiniani, incluso la privada, sería ilegal en la Argentina. Hay un pequeño detalle que los legisladores pasan por alto: la ley fue modificada numerosas veces, pero ese artículo, precisamente, se mantiene desde la sanción original de la norma, en 1933.
La ley se refería a otra cosa. En 1933 no había manera de reproducir un libro, una grabación musical o una película como no fuese utilizando los mismos procesos industriales empleados para producir el original, y nadie habría encarado entonces la reproducción de una obra sino para hacerlo en cantidades industriales.
En otras palabras, la noción de “copia privada” era inconcebible cuando se redactó la ley que ahora se invoca para fundamentar la norma con la que se quiere imponer el “canon digital”. Pero además, la copia privada es precisamente eso, privada, y la Constitución protege las acciones privadas de los ciudadanos por encima de cualquier ley.
“Este proyecto es inconstitucional”, afirma Busaniche. “La copia privada se debe considerar como tal, mientras no se pruebe que efectivamente perjudica a un tercero”. En otras palabras, corresponde a los particulares damnificados (autores, editores) demostrar que el acto concreto de una copia determinada les causó un daño económico determinado.
A contrapelo del espíritu de nuestra legislación, los autores del proyecto afirman, sin fundamentar ni cuantificar de ninguna manera su afirmación, que las copias privadas “constituyen una amenaza cierta a los derechos económicos de los autores, intérpretes y productores, en tanto permiten el acceso gratuito (?) a las obras en cuestión”.
Y sobre la base de ese argumento imposible de demostrar, sobre la simple presunción de una “amenaza”, Pichetto-Giustiniani proponen aplicar a todos los consumidores de artículos informáticos “una remuneración compensatoria sobre el valor de diversos soportes o aparatos aptos para reproducir o almacenar obras musicales o audiovisuales”.
El proyecto dispone encarecer artefactos e insumos informáticos corrientes (grabadoras de CD/DVD y discos rígidos, 10%; CD/DVD vírgenes, 75%; tarjetas de memoria y pen-drives, 5%) y aparatos diversos (decodificadores de TV con capacidad de grabación y reproductores varios de formatos comprimidos, 10%; teléfonos celulares, 1%).
La “remuneración” así obtenida constituye en los hechos un impuesto en beneficio de un sector económico, fundamentalmente las empresas discográficas, cuya administración insólitamente queda en manos de ese mismo sector, fundamentalmente SADAIC, un ente privado cuyo comportamiento lo muestra como socio y aliado de las discográficas.
Proyectos como el que impulsan esos senadores han aparecido en otros países en forma más o menos similar, y son promovidos generalmente por las cuatro grandes empresas discográficas que dominan el mercado mundial de la música grabada, invocando las grandes pérdidas que según ellas sufren por la facilidad de la copia.
No se quejan de la piratería, que en todo caso podría cuantificarse y reprimirse policialmente, sino de la “copia privada”, que justamente como es privada no puede medirse, y mucho menos en términos de su perjuicio económico. Cualquier compensación será en consecuencia arbitraria, y esto es lo que quieren las empresas.
En realidad, lo que ocurre con las empresas discográficas es que las nuevas tecnologías han socavado su lucrativo modelo de negocios, que, como árbitros del mercado, consistía en chuparles la sangre al mismo tiempo a los artistas, con contratos abusivos, y a los consumidores de grabaciones musicales, con precios alejados de toda razonabilidad.
Menos que los efectos de la piratería, las grabadoras sufren las consecuencias de su arrogancia y de la saludable apertura de nuevos canales de comunicación entre los artistas y el público. Los músicos suben su música a determinados sitios de Internet, y el público elige, baja y paga lo que le interesa, directamente desde su aparato reproductor.
Pero en lugar de adaptarse a los nuevos tiempos o responder con creatividad –como hizo la industria editorial con los libros electrónicos– las grabadoras multinacionales insisten en un formato agotado, y reclaman a los gobiernos que los compensen económicamente por las pérdidas que les ocasiona su anacronismo.
Las apoyan las entidades privadas de gestión de regalías, como SADAIC, a las que también se les acaba el negocio de retener para sí hasta un 30 por ciento de lo recaudado. El resto lo distribuyen según criterios que, como puede atestiguar cualquier músico, benefician a una enorme mayoría de artistas extranjeros y a una ínfima minoría de argentinos.
El frustrado intento de la semana pasada fue el tercero en lo que va de la gestión kirchnerista que persigue la imposición del “canon digital”, y aunque el proyecto fue devuelto a comisión todo indica que en algún momento sus promotores van a volver a la carga.
Ya que estamos en tiempos electorales conviene no olvidar a sus autores, el senador Miguel Ángel Pichetto (Frente para la Victoria) y el senador Rubén Giustiniani (Partido Socialista). El senador Gerardo Morales (Unión Cívica Radical) había prometido, según las crónicas periodísticas, el apoyo de su bloque a la iniciativa.
–Santiago González
Muy de acuerdo con su comentario. Gracias por compartirlo aquí.
Pareciera contradictorio algo así, en una época donde el gobierno se dice “popular”, que se hagan los esfuerzos que se hacen a nivel político por prohibir y controlar el acceso a la información…
Los soportes de información convencionales (papel, cds, etc) están en la espiral descendente de la obsolescencia, ya que se han demostrado ineficientes para cumplir funciones que celulares, netbooks y otros cumplen con muchísima más efectividad. Es hora de empezar a abandonar un poquito la mentalidad capitalista y materialista de acumular para mantener el poder. Con las computadoras personales y el internet, ésto de la información como medio económico cada vez se vuelve más y más rídiculo, siendo que la misma puede reproducirse virtualmente de manera infinita (mientras que los “bienes económicos” se caracterizan por su escasez).
Si así se quisiera, con la tecnología actual todas las familias del planeta podrían tener acceso a millones de datos que podrían mejorar la vida en el mismo de manera extraordinaria… pero claro, si uno es contador no quiere que todos puedan leer libros de contabilidad haciendo un par de clicks en un navegador, siendo que uno gastó fortunas en libros y apuntes y sufrió durante años soportando la burocracia universitaria ¿o si? Cambie la profesión por cualquier otra y obtendrá el mismo resultado.
En fin… va a llegar el día en que la información deje de ser la prostituta de las empresas que se adueñan del derecho de copia (que prácticamente NUNCA son organizaciones que responden a los verdaderos intereses de los autores de la info…) y empiece a pensarse con otros objetivos más elevados que simplemente amasar y amontonar monedas. Después de todo si hay algo que no nos vamos a llevar al estirar la pata, es el vil metal. Sin embargo, lo que hagamos de bien en nuestro paso por el mundo, eso tiene un valor que lo trasciende todo y que le da sentido a la vida.
Saludos.