Alguien en el gobierno de Cambiemos instaló de entrada la idea de que la batalla cultural es algo innecesario, reclamo de unos pocos comentaristas demasiado quisquillosos, alejados de la pragmática sabiduría de los medios bendecidos con la pauta oficial. Se creyó que todo era cuestión de aplicar el modelo mexicano, el que le permitió al PRI gobernar de corrido durante más de 70 años, y seguir hoy gobernando: la universidad, la cultura y los medios oficiales para la izquierda. Eso, y un generoso financiamiento, le aseguraron a la élite azteca esa “paz social” que le permitió llevar adelante sus negocios, legales e ilegales, sin más sobresalto que algún acampe ocasional en el Zócalo. Para adaptar el menú a las pampas bonaerenses sólo había que agregarle una novedad de los tiempos, los derechos humanos, y una necesidad de la coyuntura, decenas de millones de pesos en subsidios a “organizaciones sociales” acaudilladas por punteros duchos en el arte de ordeñar la pobreza.
Este último trimestre, desde la Operación Maldonado hasta el ensayo insurreccional practicado en los alrededores del Congreso, y también dentro de él, a propósito de la proyectada reducción de las jubilaciones y bolsiqueo de un trimestre de correcciones, demostró que la idea es equivocada: la Argentina (afortunadamente) no es México, y aquí las cosas funcionan de otra manera. El error de no haber planteado a tiempo la batalla cultural, que advertimos tempranamente en este sitio, condujo inexorablemente a la necesidad de librar en las calles la batalla policial. El presidente debería estar agradecido a Patricia Bullrich, la única ministra de su gabinete que ha demostrado estar a la altura de su cargo, por haber conducido esa batalla limpiamente. La diputada Elisa Carrió, acostumbrada a ser la primera vedette del elenco cambiemita, pareció resentida por la plausible eficacia práctica de su ex aliada.
Tal vez convenga ser más explícito acerca de lo que significa la batalla cultural. Para entenderlo, hay que recordar que, desde el restablecimiento de la democracia en 1983, el discurso público, esto es el conjunto de los mensajes que atraviesan la sociedad desde sus emisores privilegiados (la cátedra, los productos culturales, los medios), estuvo dominado de manera dictatorial, exclusiva y excluyente, por la ideología progresista, socialdemócrata e izquierdista. Este discurso único generó una suerte de mentalidad si no única al menos dominante que cree que las cosas sólo pueden y deben ser de una manera y no de ninguna otra. Un ejemplo al alcance de cualquiera lo proporciona el hecho de que los animadores de noticieros pueden hablar tranquilamente de partidos de izquierda, dirigentes de izquierda y militantes de izquierda; nunca se los va a escuchar hablar sin manfiesta incomodidad y ostensible carraspera de partidos de derecha, dirigentes de derecha y militantes de derecha. En la Argentina no es posible ser de derecha, y nadie que ambicionara una carrera política se definiría de entrada como de derecha.
Si el gobierno de Cambiemos, aun sin ser de derecha, representa efectivamente una manera de entender las cosas diferente del progresismo, la socialdemocracia o la izquierda, y efectivamente tiene el propósito de llevar sus convicciones a la práctica, no va a poder eludir el momento de lanzarse al ruedo y presentar la batalla cultural. En primer lugar, porque nunca va a tener éxito en la consecusión de unos fines que van en determinada dirección si la mentalidad dominante en la sociedad va en otra dirección. No puede confiar en que sus esperados éxitos tengan un efecto pedagógico porque ese efecto, en todo caso, es a futuro, y el gobierno necesita ahora mismo de un apoyo social convencido, o al menos comprensivo. En segundo lugar, el gobierno debe dar la batalla cultural porque la alternativa, ya lo hemos visto, es la batalla policial, y las imágenes que genera la batalla policial suelen recorrer el mundo y detener las lapiceras que iban a rubricar una decisión de invertir.
En tercer lugar, finalmente, el gobierno debe dar esa batalla porque es esencial para la democracia. El sistema democrático y republicano se apoya en la convicción de que las cosas pueden ser de varias maneras, no de una sola, y para eso propone, como esenciales a su naturaleza, sucesivas instancias para dirimir esa diversidad, que van desde el voto popular hasta la discusión legislativa. Algo que al pensamiento único que prevalece en nuestra sociedad efectivamente no le interesa, e inclusive lo repudia, como lo demostró lo ocurrido esta semana en el Congreso, dentro y fuera de él, y lo demostró también el relato que los medios ofrecieron acerca de esos sucesos.
–Santiago González