Desde tiempos inmemoriales, tantos que se remontan a mis épocas de estudiante, existe en las facultades un negocio turbio disfrazado de asistencialismo. Todo el que alguna vez pasó por allí habrá tenido que recurrir, quieras que no, al servicio de bibliografía fotocopiada por los centros de estudiantes. Esto no es más que piratería disfrazada, en parte alentada por la piratería mayor de las editoriales que ponen los precios de los libros por las nubes. Esa tramoya ilegal cuenta con el visto bueno de las autoridades universitarias, que la toleran en las instituciones confiadas a su cuidado; y con la complicidad de las cátedras, que son las que le indican a los centros de estudiantes qué es lo que tienen que fotocopiar y luego exigen su lectura a los alumnos. Este aceitado mecanismo de recaudación financia los centros de estudiantes, pero también las agrupaciones y partidos políticos extrauniversitarios que orientan las distintas parcialidades que operan en esos centros. El manejo de la fotocopiadora se convierte así en el verdadero objetivo de lo que al alumnado se le presenta como una competencia política por la conducción del centro que los representa. Una corriente autodenominada reformista, supongo que por reconocer alguna filiación con la Reforma Universitaria de 1918 que el radicalismo siempre reivindicó como propia, denunció en estos días que las fotocopiadoras de la Federación Universitaria de Buenos Aires, que proveen materiales a los alumnos del Ciclo Básico Común, recaudan más de cincuenta millones de pesos que van a parar a las arcas del Partido Obrero y de Marea Popular, las organizaciones que controlan la FUBA, y financian las actividades de sus orientadores, Jorge Altamira y Claudio Lozano. Esto puede ser cierto, o puede ser una chicana de sus rivales políticos. Lo que es cierto es que los centros de estudiantes, tradicionales escuelas de dirigentes políticos, y sus servicios de piratería editorial, guardan con las casas de estudio la misma relación que los barras bravas, y sus negocios ilegales como la reventa de entradas, mantienen con los clubes de fútbol. ¿Cómo extrañarse entonces de que cada vez que la Universidad de Buenos Aires o alguna de sus facultades deben renovar autoridades nos encontremos con revueltas y tumultos que parecen protagonizados por La 12 o los Borrachos del Tablón? –SG