Matanza en México

Una treintena de jóvenes estudiantes fueron asesinados este fin de semana en México por la acción conjunta de policías municipales y sicarios del crimen organizado, y tres días después de la matanza nadie ha explicado las razones del episodio ocurrido en el estado de Guerrero, unos 200 kilómetros al oeste de la capital. Mientras organizaciones civiles lo comparan a la masacre de Tlatelolco de 1968, cuando fuerzas policiales balearon a estudiantes que se manifestaban en esa plaza de la capital mexicana, la gran prensa del país ha relegado el asunto a las noticias de rutina. Según denuncias, los estudiantes fueron emboscados y baleados el viernes cuando regresaban en tres autobuses a Iguala, su pueblo, desde la vecina localidad de Chilpancingo, donde habían pasado el día recaudando fondos para la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, a la que concurrían. Hasta el mediodía del lunes se habían encontrado veintiocho cadáveres, amontonados y calcinados en un terreno de la zona. Otros tantos jóvenes permanecían desaparecidos. Según el procurador estatal de Guerrero, Iñaki Blanco, la policía municipal de Iguala, a la que se atribuye la agresión, opera en complicidad con una banda del crimen organizado llamada Guerreros Unidos, a la que habría entregado para su eliminación una veintena de jóvenes capturados con vida por los uniformados. Tanto el director de seguridad pública de Iguala, de quien depende la policía, como el alcalde, están prófugos desde la matanza. Ni las autoridades del estado, ni las organizaciones civiles, ni la prensa mexicana han ofrecido hasta el momento una explicación plausible de los crímenes.¹ Chilpancingo e Iguala se encuentran sobre el camino que une la capital de México con el balneario de Acapulco. La zona ostenta los niveles de pobreza típicos del interior mexicano, y en ella operan desde activistas sociales hasta bandas delictivas. En la escuela de Ayotzinapa se habían recibido de maestros los legendarios líderes guerrilleros de los setenta Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. El crimen organizado acentúa cada día su presencia en varias zonas del territorio mexicano, algunas de las cuales ha llegado a controlar por completo. Muchos grupos delictivos tienen su origen en los carteles de narcotraficantes, de los que se desprenden para dedicarse a los delitos extorsivos. La banda de los Guerreros Unidos surgió en el 2010, al debilitarse el cártel de los hermanos Beltrán Leyva (Arturo fue muerto por el ejército en 2009, y Héctor capturado la semana pasada en un restaurante de San Miguel Allende). Las matanzas masivas suelen ser la manera que tienen esos grupos delictivos de hacer sentir su presencia, o de disputar territorios con bandas rivales. El gobernador de Michoacán Fausto Vallejo debió renunciar este año tras perder el control del estado, disputado a tiro limpio entre una banda extorsiva llamada Caballeros Templarios y unos denominados Grupos de Autodefensa, de incierto padrinazgo. A principios de la década, trece de las cincuenta ciudades más peligrosas del planeta se encontraban en México, entre ellas Ciudad Juárez, la segunda en esa escala mundial. La inseguridad en México, como ejemplifica la matanza de Iguala, se asienta sobre tres patas inseparables: los delincuentes, la policía y la política. Esto ha sido históricamente así, aunque la situación empeoró desde que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió en el 2000 el riguroso manejo que durante setenta años ejerció sobre todo el país, tanto el legal como el ilegal. Las bandas delictivas quedaron entonces literalmente fuera de control, y el Partido Acción Nacional, que sucedió al PRI en el poder, ensayó sin suerte diversas estrategias hasta que el presidente Felipe Calderón, con su política de mano dura, según dicen los propios mexicanos, barrió con el liderazgo delictivo tradicional para dejar paso a una nueva generación incontrolable y sanguinaria. Más de 100.000 personas murieron en México a manos del delito organizado desde el 2006, cuando asumió Calderón. El PRI volvió al poder en 2012, pero no recuperó su antiguo control sobre el mundo del delito. La masacre de Iguala coloca al presidente Enrique Peña Nieto ante la más grave crisis de seguridad de su mandato.²  –S.G.

1. Versiones de prensa conocidas posteriormente dijeron que los estudiantes habían provocado incidentes durante un acto político encabezado por la esposa del intendente de Iguala. [↩]
2. Un mes después de ocurrida la masacre de Iguala, el fiscal general de México Jesús Murillo Karam declaró que 43 estudiantes habían sido capturados por la policía municipal y entregados a sicarios de los Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron a instancias del intendente de Iguala José Luis Abarca y de su esposa; ambos estuvieron prófugos durante casi un mes, y ahora la Procuraduría investiga su relación con los cárteles narcotraficantes. [↩]