La acusación del fiscal Alberto Nisman contra la presidente Cristina Kirchner y su canciller Héctor Timerman tiene a primera vista la potencia explosiva de un obús de gran magnitud lanzado contra el corazón mismo del poder. Les atribuye haber ofrecido a Irán retirar las imputaciones contra varios funcionarios y ex funcionarios de ese país por su presunta participación en el atentado contra la AMIA, a cambio de un acuerdo comercial que le permitiera a la Argentina obtener petróleo y vender granos, una necesidad imperiosa ante la pérdida sostenida de reservas para pagar energía. El impacto judicial de la denuncia es potencialmente letal, y es imposible prever sus límites. El impacto mediático, vale decir político, es a primera vista igualmente demoledor: Cristina Kirchner aparece entregando toda esperanza de justicia para los compatriotas muertos en la AMIA en un pacto espurio de impunidad con los principales acusados, con el único propósito de ahorrarse unos dólares.
Pero cuando el polvo del impacto mediático se asienta, las cosas adquieren otras dimensiones. La acusación de Nisman en realidad no dice nada que no se supiera o intuyera desde el momento en que el espionaje israelí divulgara las negociaciones secretas entre el gobierno argentino e Irán que condujeron a la firma pública del llamado memorando de entendimiento entre los dos países. Lo que la acusación de Nisman aporta, según dice él mismo, son pruebas sobre las negociaciones secretas, sobre los verdaderos propósitos del pacto (que no eran “hacer avanzar la causa” como dijo el gobierno), y sobre la intención de desviar una vez más la investigación sobre el atentado contra la mutual judía, ahora hacia unos “fachos locales”. Todo esto es serio, pero en sí mismo no se distingue demasiado de otros casos en los que el gobierno por una u otra razón ha procurado desviar el rumbo de causas judiciales, plantar pruebas, inventar chivos expiatorios. El caso Ciccone está a la vista, lo mismo que las mil y una causas relacionadas con la llamada ruta del dinero K. Lo grave, en todo caso, son las pruebas que según Nisman atestiguan la participación directa de la presidente, la colocan por primera vez documentadamente a la cabeza de una operación semejante. Sin embargo, el impacto mediático de la acusación de Nisman no reside tanto en estas cuestiones de decencia republicana, sino más bien en la carga emocional que para la opinión pública comporta un acuerdo secreto con un país extranjero tendiente a borrar su participación en el mayor atentado que haya sufrido la sociedad civil argentina a cambio de unos miserables dólares.
Ese impacto se sostiene sobre la teoría de que Irán estuvo detrás del atentado. Pero la Argentina jamás pudo conseguir una sola prueba sobre la participación de Teherán en el ataque a la mutual. La llamada “pista iraní” fue gentilmente suministrada por la CIA y el Mossad, cuando ambos buscaban argumentos para una eventual invasión estadounidense a Irán, y contrasta con la llamada “pista siria”, a la que llegaron las investigaciones argentinas independientes, en su mayoría realizadas por periodistas, y no todos relacionados entre sí. Nisman declaró por televisión que él no ve contradicciones entre las dos pistas, pero abonó la teoría de una camioneta cargada de explosivos y un conductor suicida, en general rechazada por los investigadores locales. Tanto Nisman como Jaime Stiusso, el despedido jefe del espionaje local que habría suministrado al fiscal las pruebas en las que éste basa su denuncia, mantienen muy buenas relaciones con la diplomacia norteamericana el primero, y con la inteligencia norteamericana el segundo. Pero la resonante denuncia del fiscal y su oportunidad, parecen tener motivaciones más bien locales, políticas e incluso personales: ni los Estados Unidos están interesados ahora en estropear sus renovadas relaciones con Irán, ni al nuevo gobierno iraní le preocupa el memorando con la Argentina, especialmente desde que no logró el propósito de levantar los pedidos de captura internacional contra sus ciudadanos acusados. Y si no se llegara a probar la participación de Irán en el atentado, ¿cuál sería la dimensión del delito que el fiscal le imputa a la presidente? ¿Qué pena le correspondería? Nisman no habló de estas cosas. El impacto judicial de su denuncia también depende de la responsabilidad de Irán en el atentado, algo que como fiscal de la causa AMIA le corresponde a él mismo determinar.
Las que siguen siendo manipuladas en estos extraños juegos de poder son las víctimas de la calle Pasteur. Víctimas de una historia mucho más larga e igualmente explosiva, que tiene que ver con los desarrollos nucleares y misilísticos de la Argentina, con las relaciones de la Argentina con el mundo árabe, y con la inquietud que esas relaciones planteaban entre jugadores pesados del tablero internacional. Una historia que según relatos todavía deshilvanados se remonta a la captura, cautiverio y asesinato del teniente coronel ingeniero Argentino Larrabure por parte del ERP en la década de 1970, e incluye en un encadenamiento macabro otros episodios como la voladura de Río Tercero, los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA, y la muerte del hijo de Carlos Menem. Cuestiones verdaderamente explosivas, que trajeron llanto y dolor a centenares de argentinos, que nunca han quedado verdaderamente aclaradas, y frente a las cuales la denuncia de Nisman se asemeja a esos fuegos artificales que se arrojan en los centros comerciales para que la gente compre. Y la gente compra. En el cierre de la nota con que comenta esa denuncia, el columnista Carlos Pagni proporciona su justa medida. “…la aguja de la verdad sobre el tristísimo atentado contra la AMIA está perdida en un pajar de manipulaciones. La prueba más contundente es que Cristina Kirchner es el segundo presidente acusado por encubrir ese ataque. El primero fue Menem. A ella se la acusa de querer salvar a los iraníes. A Menem, de querer involucrarlos. Ambos casos fueron promovidos por el mismo fiscal, Nisman; ante el mismo juez, Lijo, y con el soporte del mismo equipo de espionaje.” Fuegos artificiales.
–Santiago González