Si el nuevo gobierno pretende ser algo más que otro capítulo en la historia de las frustraciones argentinas, tiene que poner en marcha cuanto antes una economía de bases sólidas: inversión, trabajo, productividad y demanda. El primer paso en esa urgente reversión de la decadencia nacional es sacar del medio al Estado, esa insaciable aspiradora de la magra riqueza que el país todavía produce. Hasta ahora, el principal objetivo del Estado –bajo cualquier gobierno– ha sido el de asegurar su propia subsistencia y crecimiento, y subsidiariamente ocuparse de las cosas para las que fue creado en primer lugar. El Estado es un vampiro insaciable que succiona la sangre de los ciudadanos con sus dos poderosos colmillos: los impuestos y la inflación (impuesto oculto e indiscriminado que cae con la misma fuerza sobre pobres y ricos). Si el gobierno realmente pretende, como dice, revitalizar la economía y crear trabajo, tiene que eliminar impuestos y aniquilar la inflación; si pretende eliminar impuestos y aniquilar la inflación, tiene que reducir el gasto público, cuyo déficit cubre con esos instrumentos; y si quiere reducir el gasto público, y liberar así recursos que alimenten tanto la demanda como la oferta, tiene que achicar el Estado. Y achicar el Estado es lo que ningún gobierno ha querido hacer, más bien todo lo contrario. Vamos a saber que el gobierno decidió tomar por buen camino en cuanto empiece a cerrar reparticiones públicas, a rebajar impuestos y parar la máquina de imprimir moneda.
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El actual gobierno no ha hecho todavía nada de esto. Las urgencias que impuso el manejo del desastre heredado pudieron haber postergado el momento, y por eso la sociedad permanece expectante. Las señales, sin embargo, son ambiguas. Hasta ahora, la nueva administración se limitó a imponer lo que aquí llamamos un ajuste asimétrico: apremió al sector privado y los asalariados con imprescindibles correcciones tarifarias, pero no tocó el gasto público. Procura contener la inflación absorbiendo circulante mediante el pago de altas tasas, y espera la llegada de inversiones externas para que echen a andar nuevamente la rueda de la economía. Lo primero es un remiendo de corto alcance, y lo segundo es la expresión de un deseo sin demasiados fundamentos: hace largas décadas que a la Argentina no llega inversión de riesgo. Dejando de lado los capitales especulativos, el interés externo se dirigió siempre hacia la renta segura: cadenas minoristas de primera necesidad, servicios públicos, empresas existentes con clientelas cuasi cautivas, o bien hacia esos intersticios prebendarios que la Argentina históricamente supo asegurar. Sobre esas dos inciertas premisas, entonces –inflación contenida a duras penas y expectativa de inversiones externas–, se nos exhorta a esperar la llegada del mítico “segundo semestre” o, dicho en palabras de infausta memoria, a “pasar el invierno”. Memoria infausta porque el invierno al que aludía Álvaro Alsogaray, alguien con las ideas bien claras sobre lo que ocurría en el país en los comienzos de la década de 1960, pasó como otros tantos inviernos, y sólo dejó más pobreza y más atraso.
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Otra sería la historia si el nuevo gobierno hubiese dado señales claras de su intención de achicar el Estado. Pero como no lo ha hecho, y como la realidad indica que si alguna reactivación se produce en el segundo semestre deberá solventarse con recursos propios, y que esos recursos no van a aparecer ni por el lado de la oferta ni por el de la demanda a menos que el Estado deje de succionar, la ansiedad de los observadores atentos aumenta día a día. En una carta de lectores enviada al diario La Nación y significativamente titulada “Antes de que sea tarde”, un grupo de liberales preocupados (Alberto Benegas Lynch, Roberto Cachanosky, José Luis Espert, Agustín Etchebarne y Agustín Monteverde) reclamanaron “reducir drásticamente el astronómico gasto público eliminando funciones incompatibles con un sistema republicano. Esto a los efectos de liberar recursos a los bolsillos de la gente, hoy ahogada por la financiación de una carga impositiva imposible de sostener y que principalmente obliga a los más necesitados a reducir el fruto de su trabajo.” La recuperada capacidad de acceso a los mercados de capitales, junto a la renuencia a reducir el gasto fiscal, puede despertar una tentación sobre la que los corresponsales también llamaron la atención: “Es de desear que esta situación alarmante de un peligroso campo minado no se pretenda financiar con deuda pública para disimular los estragos de un sistema estatista hasta la médula, lo cual, en definitiva, conducirá a otra crisis de la deuda como las que hemos padecido en el pasado.”
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Sobre el contribuyente argentino recae una miríada de tributos absurdos y una cantidad de imposiciones destinadas financiar organismos de control y otras actividades en las que el Estado ni siquiera debería estar presente. Van algunos ejemplos: ¿para qué sirven los Registros del Automotor? En otros países uno compra o vende un auto simplemente firmando un papel con su contraparte, del que cada uno guarda una copia. ¿Hay más robos allí? En la CABA no menos de 40 personas por cada comuna atienden el sistema de otorgamiento de licencias de conducir. En otros países uno la obtiene simplemente solicitándola. ¿Hay más accidentes allí? Si algún día lográramos eliminar todos esos controles y fiscalizaciones, nos soprenderá comprobar que no pasa nada, que nunca sirvieron para nada y que sólo nos hicieron perder tiempo y dinero. Uso esos ejemplos porque están a la vista de todos, pero cada lector conocerá los de su propia esfera de actividad.
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El nuevo gobierno creó un Ministerio de Modernización, y esta expansión del espectro burocrático podría justificarse si la misión principal de la nueva cartera fuera examinar los procedimientos administrativos del estado, racionalizarlos haciendo uso intensivo de las herramientas informáticas, y disponer la eliminación de todas las actividades innecesarias, incluidas muchas que parecen ser de fomento o promoción económica, social o cultural y que casi siempre ocultan subsidios y prebendas para un grupo de amigos. Algo así como un ministerio para terminar con todos los ministerios. Paralelamente, debería revisar todo el sistema impositivo para liberar a la sociedad los recursos ahorrados. El republicano Ted Cruz se retiró de la contienda por la presidencia de los Estados Unidos lamentablemente acosado por un monigote, pero dejó un excelente programa de reforma impositiva basado en la tarifa plana, sobre el que basó su promesa de crecimiento y prosperidad y cuya lectura este sitio recomienda a gobernantes y legisladores.
–Santiago González