Un funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires se preguntaba por qué los homosexuales hacían tanto alboroto con la posibilidad de contraer matrimonio cuando ya contaban con la ley de unión civil. El funcionario no tenía en cuenta el factor propagandístico: el matrimonio legal entre personas del mismo sexo es antes que otra cosa un formidable golpe publicitario para el activismo homosexual.
Una sociedad carente de convicciones y de liderazgos, confundida y abrumada, asiste perpleja a lo que se le presenta como un debate entre dos extremos: por un lado los campeones del progresismo y los proselitistas de la homosexualidad, por el otro, prácticamente en soledad, la Iglesia Católica. Los dirigentes políticos miran discretamente para otro lado, temerosos de perder imaginarios votos de uno u otro bando. Sin embargo, el caso planteado por la decisión de una jueza de autorizar un matrimonio entre personas de igual sexo tiene gran importancia porque refuerza la corriente tendiente a derribar una por una todas las instituciones de nuestra sociedad, en este caso la institución matrimonial. A primera vista parece contradictorio que el progresismo, empeñado en la destrucción de la familia siguiendo el plan de batalla trazado por Ronald Laing y David Cooper, respalde la ambición de los homosexuales a unirse en matrimonio legal, que es la expresión institucional de la familia. Pero la contradicción es sólo aparente: la aceptación del matrimonio entre homosexuales es al mismo tiempo un triunfo publicitario para éstos en su pretensión de imponer la “naturalización” de la unión entre personas de igual sexo, y una degradación, por “desnaturalización”, de la institución matrimonial. Desde los orígenes de nuestra civilización occidental, en el derecho romano, el matrimonio fue considerado una de las instituciones sociales. La sociedad considera que la familia, heterosexual y procreativa, es funcional a sus intereses, y entonces resuelve protegerla. No es por una manía de registro y control que un estado decide tomar nota y dejar constancia de la voluntad de un hombre y una mujer de constituir una familia: el acto del matrimonio legal le hace saber a los contrayentes que su decisión es relevante para el estado que los contiene, y por eso les concede una serie de prerrogativas, y les impone también una serie correspondiente de obligaciones. Si estas mismas condiciones se hacen extensivas a cualquier tipo de unión, todo pierde automáticamente el sentido en términos institucionales. Daría exactamente lo mismo que el estado se desentendiera por completo de la manera como la gente decide organizar su vida, administrar su patrimonio, y asegurar su descendencia. Lo que el tema del matrimonio entre homosexuales le plantea a la sociedad es si está dispuesta a afianzar la institución familiar y a proteger y jerarquizar el matrimonio heterosexual, antes que nada en términos civiles, de ciudadanía, y luego en términos morales o religiosos, según las convicciones de cada uno. Ese afianzamiento y esa protección van desde la valoración pública (vale decir en los medios de comunicación) y el adecuado respaldo económico (remuneraciones justas para los jefes de familia, consideraciones especiales para las madres que trabajan) hasta los mecanismos de asistencia social (vivienda, salud, espacio público). Una parte de esa valoración consiste en preservar la denominación de “matrimonio” y ciertos derechos inherentes, como los de la paternidad o la adopción, a la familia tradicional. La ley de unión civil, vigente en la ciudad de Buenos Aires y en varios lugares del interior del país, contempla otros tipos de situaciones que la sociedad no puede desconocer, y brinda adecuado (y perfectible) marco legal a la convivencia entre personas del mismo sexo.
Bien puede ocurrir que la sociedad haya llegado a la conclusión de que la institución matrimonial ya no le interesa, o no representa su idea de familia, y entienda por lo tanto que aquí no tiene nada en juego. Muy bien. Pero después debería hacerse cargo de las consecuencias, y no reclamar más policías en las calles, trato más duro contra los menores, centros de recuperación de drogadictos, socorro y amparo para las mujeres golpeadas, males sociales que se inscriben, todos, en la desintegración de la familia tradicional.
–SG