Es claro que los culpables deben pagar por su crimen, y le corresponderá a los magistrados decidir si la responsabilidad es pareja o se distribuye en grados de participación. Pero incluso la sanción más severa dejará sabor a poco: se habrá hecho justicia en los términos previstos por las leyes, los condenados cumplirán sus penas, pero eso no va a alcanzar para restablecer el orden. Las características particularmente despiadadas, gratuitas y concertadas de este asesinato, y la cerrada cohesión sin remordimientos mantenida en el tiempo por sus autores, hablan de un desorden más profundo, un crecimiento maligno en el tejido social.
Cuando el tribunal haya cumplido su labor, las cámaras de televisión se apaguen y el episodio se aleje de la atención pública, quedará un saldo de nueve vidas perdidas, de nueve muchachos fuertes, físicamente saludables, con todo para dar y recibir de la existencia, agostados en plena primavera, y de nueve familias irreparablemente heridas. Y quedará instalado en la comunidad el temor de que esta mancha inesperadamente aparecida en su radiografía desarrolle metástasis, sea apenas indicio de una enfermedad más grave en acecho. Ningún fallo va a sanar a una sociedad que no estudie sus causas, que no disipe ese temor.
Porque no se trata de un joven que perdió circunstancialmente el control, se trata de ocho jóvenes que mantuvieron permanentemente el control de lo que estaban haciendo, y después se fueron a comer lo más tranquilos; que describieron la muerte de su víctima como “Caducó”, término carente de toda emoción que suele aplicarse a las cosas y no a las personas; y que, finalmente, cuando se sintieron amenazados, no dudaron en inculpar falsamente a un tercero que se libró de verse involucrado gracias a que una cámara de seguridad lo mostró en otro lugar en el momento de la agresión
El abogado de los padres de la víctima, Fernando Burlando, apuntó en la dirección precisa al referirse al comportamiento inhumano de los victimarios: “Aquí falló la familia, aquí falló la escuela, aquí fallaron incluso los entrenadores deportivos de estos muchachos” (que jugaban al rugby). Ninguna de esas instituciones, desde la más cercana a sus personas hasta la más amplia, logró desarrollar en ellos la conciencia moral, la responsabilidad, los frenos capaces de hacerlos retroceder cuando la violencia de un altercado en un bar amenaza con desbordar los límites. El abogado puso en evidencia la dimensión social que alcanza este crimen.
El asesinato de Villa Gesell denuncia que algo está mal en la manera como criamos y educamos a nuestros hijos, algo que se acerca peligrosamente al filicidio. Hay un desorden previo al desorden del crimen, que tiene que ver con nuestras prioridades, con nuestros valores y con nuestra propia responsabilidad como formadores de las generaciones que van a sucedernos. Esto reclama investigación, discusión y acción urgente, porque nada dice que algo semejante no puede volver a ocurrir. ¿O acaso los padres de esos ocho esperaban ver a sus hijos en el banquillo, juzgados por un asesinato cruel del cual no parecen sentirse responsables?
En 1959 cuatro miembros de una familia estadounidense fueron asesinados por dos delincuentes comunes, con propósitos de robo. La crueldad del episodio llamó la atención nacional y la revista Newyorker comisionó al escritor Truman Capote para que investigara el caso. Capote viajó a Kansas, habló con todos los involucrados, incluso con los asesinos, estudió el ambiente y produjo A sangre fría, una crónica redactada con recursos literarios que concluye con la muerte de los culpables en la horca. Para empezar, alguien debería viajar a Zárate y a los lugares donde se criaron los asesinos de Fernando Báez Sosa, e investigar su familia, su barrio, su escuela y su club, el caldo donde se cultivó su criminalidad impiadosa.
–Santiago González