Los violentos incidentes de Junín han transmitido un mensaje muy claro, emitido con la intención de que sea comprendido rápidamente y sin espacio para las dudas o las interpretaciones múltiples: es el mensaje de una facción que ha anunciado su propósito de ir por todo, y que quiere dejar en claro que no habrá de reparar en medios para conseguirlo, ni siquiera el de la violencia. No le ha temblado la mano para avasallar el Congreso, y obtener mediante la flagrante violación de normas y costumbres la aprobación de las leyes que se le antojan, no le ha temblado la mano para embestir contra la prensa independiente mientras acrecienta día a día la constelación de medios adictos, no le tiembla la mano para lanzar un paquete de proyectos legales tendientes a someter la justicia a su arbitrio y privar al ciudadano del recurso último para defenderse del estado: el derecho de amparo. En Junín ha advertido que no le temblará la mano para sojuzgar a cualquiera que exhiba la más mínima indocilidad en el territorio donde sabe se librará la madre de todas las batallas, donde se decidirá su suerte. Fue un mensaje para el intendente radical de Junín, orientado a acotar sus movimientos frente a las próximas elecciones; fue también un mensaje para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya sometido a la asfixia financiera, para que reconsidere la idea de perseguir un proyecto político propio. El resto de los intendentes bonaerenses, igualmente sometidos a los continuos ultrajes del delito, saben desde este fin de semana que fuegos como los de Junín pueden estallar en sus calles, según sea el alineamiento que proyecten para las legislativas de octubre. La mafia que se fue apoderando del país desde el último cuarto del siglo pasado hace política con la violencia y la muerte. Verdaderos ejércitos de matones a sueldo, mercenarios que se entrenan domingo a domingo en los estadios de fútbol, junto a grupos de choque reclutados tras consignas ideológicas o sociales, aparecen en escena cada vez que se trata de dirimir cuestiones de poder. Herederos funcionales de los grupos de tareas de la dictadura, han devenido en herramienta de las distintas facciones peronistas. Los hemos visto actuar en los saqueos que precipitaron la salida del presidente Raúl Alfonsín, en los asesinatos que acompañaron la renuncia de Fernando de la Rúa, en los ataques que acabaron con las vidas de Maximiliano Kosteki, Darío Santillán, y Mariano Ferreyra, en decenas de violentos episodios provinciales como el ocurrido en el 2011 en el Ingenio Ledesma en Jujuy, en los saqueos de diciembre de 2012, en los mil y un incidentes armados protagonizados por facciones gremiales. La memoria del lector podrá prolongar esta lista casi hasta el infinito. Ahora los hemos visto en Junín: los han visto azorados los propios juninenses, exasperados primero por la muerte de una de sus jóvenes en otro asalto más; aterrorizados después por el accionar organizado, violento, desmedido, de grupos nunca vistos de encapuchados; incrédulos finalmente, al comprobar que la prensa oficialista describía ese horror como una “pueblada” y los convertía en cómplices de los atropellos. Es probable que volvamos a verlos otra vez, con creciente frecuencia, a medida que se acerque la fecha electoral. La facción que hace cualquier cosa para controlar la legislatura, la justicia y los medios, no va a tener miramientos para controlar la calle, el espacio último de libertad. La billetera ya no le alcanza como en el pasado, ahora deberá hacerlo a puñetazos, a molotovs, a tiros llegado el caso.
–S.G.