Los descendientes de inmigrantes italianos y españoles que andan despotricando por las redes en contra de los inmigrantes bolivianos y reclamando que se los devuelva a «su» país harían bien en recordar que los habitantes del altiplano formaban parte de lo que idealmente era «nuestro» país mucho antes de que sus abuelos y bisabuelos decidieran probar suerte en estas tierras, por lo menos desde fines del siglo XVIII, cuando la región pasó a la jurisdicción del virreinato del Río de la Plata. En esos años, nadie habría pensado en el «alto Perú» como en el patio trasero de Buenos Aires, sino al contrario. Ciudades como Charcas, Potosí, Cochabamba atraían la imaginación de los porteños de la colonia como focos de cultura e ilustración. Varios de nuestros revolucionarios de Mayo, como Mariano Moreno, estudiaron en la universidad de Chuquisaca, semillero jesuita del ideario liberal. Desde la Asamblea de 1813 en Buenos Aires (ocho diputados) hasta el Congreso de 1816 en San Miguel de Tucumán (seis diputados), el alto Perú tuvo representación formal en nuestro proceso independentista, y nuestra Declaración de Independencia fue traducida de inmediato al quechua y al aimara en atención a sus poblaciones. Las expediciones militares despachadas desde Buenos Aires para asegurar la zona fracasaron. Los altoperuanos lucharon hasta lo imposible por contener a las tropas realistas que buscaban sofocar esa independencia, tanto con las famosas «republiquetas» que le negaban autoridad al español, como con la guerra de guerrillas. La hoy vapuleada Juana Azurduy fue parte de esa lucha tanto como Martín Miguel de Güemes, pero el territorio finalmente se perdió para el Río de la Plata: la tozudez española se combinó con el realismo mágico bolivariano para crear la república de Bolivia. Como estado independiente, Bolivia fue refugio para los acosados por el régimen rosista, no sólo para los del norte, como la familia salteña de Juana Manuela Gorriti (que luego sería esposa del presidente boliviano Manuel Belzú), sino también para porteños como Eduardo Wilde, el escritor de la generación del 80 que más tarde recordaría su infancia en Tupiza, o Bartolomé Mitre, deportado dos veces (una de ellas por Belzú) debido a su actividad política junto al presidente José Ballivián. Las vueltas de la historia han hecho que hoy sean los bolivianos quienes busquen un destino en el Río de la Plata, escapando de las dificultades económicas y políticas de su país. Los ricos propietarios de Santa Cruz de la Sierra consideraron en un momento buscar su anexión a la Argentina, pero Evo Morales vio el peligro y negoció con ellos. Los más pobres habitantes del altiplano vienen en busca de un trabajo, atraídos además por el asistencialismo social argentino. Sólo en la capital y sus alrededores ya pasan el millón: se ocupan principalmente en tareas de huerta que algunos han sabido hacer prosperar hasta convertirse en propietarios, como obreros en la industria de la construcción y como peones en el comercio. Tienen sus propias festividades y sus medios de comunicación, y lo peor que la sociedad argentina puede hacer con ellos es estigmatizarlos y recluirlos en ghettos: nuestra historia ejemplar en materia de inmigración se construyó exactamente al revés, integrando y asimilando. Como los italianos, los españoles y los innumerables otros, los bolivianos han sabido aprovechar las oportunidades que les brinda la Argentina, y varios de sus hijos han llegado a la universidad, siguiendo la misma trayectoria de quienes hoy cuestionan su presencia. El contador público nacional Luis Landriscina dijo alguna vez: «Cuando un boliviano extiende la mano nunca es para pedir sino para ofrecer, para ofrecer su trabajo o el fruto de su trabajo: un limón, un ají…» –S.G.