Primero fue el ministro de industria español José Manuel Soria, quien, mirando fijamente a la cámara, amenazó: “El gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas que están actuando dentro y fuera de España. Y si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de empresas españolas, el gobierno los interpreta como hostilidad a España y su gobierno. Si hay esos gestos de hostilidad traen consigo consecuencias”. Al día siguiente, otro José Manuel, esta vez Margallo, el canciller, alzó el dedito para repetir la insolencia más o menos en los mismos términos. Se trata de una insolencia porque el comportamiento de las empresas españolas en la Argentina, al menos el de las más visibles y con mayor peso económico, ha sido por lo menos deplorable. Esas empresas no han venido a la Argentina con el legítimo propósito de invertir y desarrollarse sino con propósitos de rapiña. El vaciamiento de Aerolíneas Argentinas por parte de la estatal Iberia es similar al vaciamiento de YPF por parte de la privada Repsol. Primerio Iberia, luego SEPI, y luego Marsans, despojaron a Aerolíneas de su flota, de sus rutas, y de su infraestructura técnica y comercial. Repsol se limitó a extraer todo el petróleo que pudo de los pozos descubiertos por YPF y no invirtió un centavo en exploración, sí en cambio en chantajear a estaciones de servicio privadas de la red de YPF para quedarse con esa parte inmediatamente rentable del negocio. Para esas maniobras, la aerolínea y la petrolera han contado sin duda con la complicidad de sucesivos e igualmente corruptos gobiernos argentinos, pero ello no las priva de responsabilidad. Otras empresas extranjeras, y precisamente en el ámbito petrolero, han exhibido conductas dignas y sabido decir que no cuando debieron hacerlo. Es posible, aunque está por verse, que las empresas españolas hayan encontrado los vericuetos legales convenientes para encaminar sus maniobras. Pero en todo caso esa incierta legalidad no les confiere legitimidad para victimizarse por supuestos agravios u hostilidades. Y no sería raro, como ya ha sido denunciado, que toda la pirotecnia a la que asistimos en el caso YPF esté en realidad encubriendo una salida similar a la de Aerolíneas, en la que el estado argentino termina pagando como buena una empresa vaciada y haciéndose cargo de sus deudas. En este escenario, resulta aconsejable examinar la conducta de otras empresas españolas, particularmente en el campo de las comunicaciones, la banca y la pesca. Todo lo dicho no significa en modo alguno avalar el comportamiento oscuro del gobierno argentino, que ha estado asociado con muchas de las irregularidades señaladas, e incluso las ha promovido.
S.G.