Nadie debería aceptar sin examen el argumento de que las desoladoras inundaciones sufridas por la provincia de Buenos Aires, las pérdidas de vidas y materiales, han sido una fatalidad de la naturaleza. Tanto las intensas lluvias que descargaron agua en proporciones inusuales como la incapacidad de los terrenos para escurrir adecuadamente son responsabilidad del hombre; en una sociedad organizada como dice ser la nuestra, se trata de una responsabilidad del Estado, que es el lugar desde donde se ordenan los estudios, se establecen las regulaciones, y se deciden las obras públicas necesarias para afrontar las emergencias de la mejor manera posible. Las imágenes que muestran los medios atestiguan que el Estado ha fracasado en todos los frentes: el Estado nacional, el Estado provincial y los municipios, todos atiborrados de personal y de recursos. En el origen de estas lluvias inusuales en intensidad se encuentra el cambio climático. Esta misma semana, un Panel Integubernamental que expresa la opinión prevaleciente entre la comunidad científica mundial, admitió francamente que el cambio climático es consecuencia de la actividad humana. Le llevó a los científicos un cuarto de siglo reconocer lo que la experiencia y el sentido común habían advertido mucho antes. En el hemisferio norte, el cambio climático es consecuencia principalmente de las emisiones de dióxido de carbono, que están en vías de duplicar los niveles históricos; en nuestro continente, resulta de la deforestación: de la masiva deforestación de la Amazonia, donde nacen nuestros ríos vertebrales, pero también de la deforestación y el desmonte generalizado, que han permitido extender la frontera agropecuaria en Sudamérica de manera impensable. El régimen de lluvias se ha visto alterado. Ya casi nada queda en nuestras inmensas llanuras tapizadas de soja, cada vez con menos árboles, que retenga las aguas. Consecuencia: el río de la Plata ha elevado de manera permanente su cota, y las defensas construídas hace casi un siglo ya no sirven. La ausencia del Estado en todo este proceso es abrumadora: carece de fuerza diplomática para discutir con Brasil la regulación del creciente nivel de aguas que ese país descarga sobre nosotros; carece de una política forestal tendiente a compensar el desmonte y la deforestación masivos; carece de una política hídrica capaz de encauzar los crecientes volúmenes transportados por los ríos: todos los años la cuenca del Paraná se ve inundada, con daños extensos en campos y poblaciones. En el interior de la provincia de Buenos Aires, las reiteradas imágenes de campos anegados denuncian una y otra vez la falta de obras que resuelvan el drenaje adecuado de las praderas; hay lugares donde productores que ven peligrar sus cosechas abren canales clandestinos para desagotar sus campos, provocando desastres en otros lugares, todo ello a la vista y paciencia o complicidad de las autoridades. En las zonas cercanas a la capital federal, la falta de estudios, planificación y obras son causa directa de inundaciones allí donde nunca, o sólo excepcionalmente, las hubo. El correcto escurrimiento allí donde sí las hubo, como en la ciudad de Buenos Aires o en algunos municipios costeros, vuelve todavía más evidente la responsabilidad de los gobiernos en los distritos donde las aguas se acumularon. La alteración de la topografía en la zona norte del gran Buenos Aires como consecuencia de la construcción sin control (o con controles truchos) de extensas urbanizaciones (countries o barrios cerrados) creó problemas antes inexistentes en la cuenca del río Luján y en la zona del Delta. Un intendente se excusó (y excusó a sus colegas) diciendo que cuando esos barrios se instalaron no existía “control ambiental”. Esa excusa, como cualquier otra que provenga de los administradores de un Estado corrupto e inepto, es inaceptable. En el siglo XIX los ingleses que construyeron la red ferroviaria surcaron el país en todas direcciones con elevados terraplenes: nunca, jamás, se pudo atribuir una inundación a esas trincheras.
–Santiago González