Parafraseando el poema de Borges sobre destino fatídico que aguardaba al caudillo riojano, podría decirse que el presidente Milei va en coche al juicio político. La gravedad de los escándalos en los que se encuentra involucrado —especialmente el caso de la criptomoneda $Libra, y ahora las revelaciones sobre un presunto esquema de cobro de coimas con vértice en su propia hermana— no permitiría conjeturar otro desenlace, a menos que el sinuoso camino de la política se desvíe de lo que debería ser el trámite institucional pertinente.
La muralla más sólida que rodea en este momento la figura presidencial, y la protege de la amenaza cierta de la impugnación, es paradójicamente la vilipendiada vicepresidente Victoria Villarruel —la sucesora constitucional si el presidente fuera apartado del cargo—, mucho más temible para la casta que los hermanos Milei, a quienes ya tiene en un puño. La función acusadora en ese juzgamiento legislativo le corresponde a la cámara de Diputados, arena política que raras veces contradice los humores del establishment.
No se advierte en el Congreso, efectivamente, la menor urgencia por recorrer ese camino traumático y extremo: los políticos son especuladores por naturaleza y probablemente prefieran esperar el resultado de las elecciones de octubre para cerciorarse de que el paso que están llamados a dar no va en sentido contrario del temperamento ciudadano. Las encuestas conocidas hasta ahora arrojan cifras a la medida de sus comitentes, y por lo tanto no les brindan ninguna seguridad.
Para desdicha de la fraternidad gobernante, estos asuntos se ventilan también en la justicia ordinaria, y allí el movimiento parece tener otro ritmo. El fiscal Eduardo Taiano está acumulando para la jueza María Servini elementos probatorios sobre la criptomoneda tan contundentes que según algunos le permitirían ya presentar una acusación debidamente fundada, aunque él parece esperar informaciones sobre la titularidad de ciertas billeteras electrónicas para poder describir con argumentos inatacables la operación que resultó en la estafa.
Del mismo modo, el fiscal Franco Picardi solicitó, y el juez Sebastián Casanello dispuso, una serie de allanamientos y secuestros entre los involucrados en el esquema de recaudación de sobornos, que no tocaron todavía a sus presuntos destinatarios, la secretaria general de la presidencia Karina Milei y su colaborador Eduardo “Lule” Menem. Según audios no desmentidos del ex titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, el presidente Javier Milei estaba al tanto del presunto esquema.
Cristina Kirchner se divirtió en grande con la situación: “Si yo como presidenta ‘debía saber’ y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público, imaginate vos… después de que todos los argentinos hemos escuchado a tu amigo y abogado personal Diego Spagnuolo relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de ‘el jefe’ [Karina Milei] y su pandilla”. La ex presidente fue condenada a seis años de prisión, que cumple en su domicilio, por unos contratos de obra pública direccionados.
Aunque Javier Milei acostumbra comportarse como un autócrata y tiene expresiones que ratifican su desdén por la división de poderes —suele calificar de “ratas” a los legisladores y promete hacer caso omiso de las decisiones de la justicia cuando resulten adversas a sus propósitos—, lo cierto es que en este momento su suerte política se decide justamente tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial, con ritmo pausado pero aparentemente inexorable.
“No odiamos lo suficiente a los periodistas”, dice el presidente, a quien tampoco le gusta el cuarto poder. La gran prensa —en su mayoría asociada por ideología o conveniencia al mileísmo— sólo informa sobre estos asuntos de manera parcial, dispersa y a cuentagotas, pero algunos medios, amplificados por las redes sociales, los han puesto en conocimiento de la opinión pública en general, y está por verse si ese conocimiento afecta en algún sentido el comportamiento electoral en octubre.
Además de estas denuncias, en las que aparecen directamente involucrados tanto el presidente como su hermana, el gobierno de Milei se ha visto manchado por otros escándalos que involucran a algunos de sus colaboradores, y que ponen en tela de juicio la promesa oficialista de sanear el aparato del Estado y limpiar la corruptela preexistente.
El ministro de salud, Mario Lugones, no ha dado explicaciones satisfactorias sobre una partida de fentanilo contaminado, de cuya producción descuidada en un laboratorio proveedor del Estado los organismos a su cargo habían oportunamente advertido, y cuya distribución causó ya un centenar de muertes. De Lugones depende casualmente también la Agencia de Discapacidad en cuyo marco se había instalado el esquema de recaudación de sobornos.
El ministro de justicia Mariano Cúneo Libarona, por su parte, fue filmado cuando viajó especialmente a Nueva York para ofrecer inopinadamente a un estadounidense acusado de abusos sexuales, el cazador de pedófilos Tim Ballard, los servicios de su cartera para blanquear su imagen en la Argentina —donde la ministra Patricia Bullrich lo había cuestionado severamente— y ponerlo en contacto con jueces y universidades.
Otros desagradables incidentes, algunos de ellos relacionados con los anteriores, como en el caso del fentanilo, han derivado de las “desregulaciones” promovidas por el ministro Federico Sturzenegger, a quien se deben también esos dos desdichados portentos legislativos, la Ley Bases y el DNU 70/25, aprobados con la complicidad de muchos legisladores ahora escandalizados. Esas “desregulaciones” vienen en dos tipos: están las disparatadas, dictadas por la ignorancia, y las que tienen nombre y apellido, dictadas por agentes y lobistas.
Este conjunto de despropósitos con fuerte olor a corrupción ha causado significativas deserciones entre los políticos “dialoguistas” de otros signos, que apoyaban al gobierno, e incluso entre las filas propias, que ya se han fragmentado en varios bloques en la cámara de diputados, donde el oficialismo viene acumulando una serie alarmante de derrotas legislativas. Son conocidas además las agrias disputas entre facciones de la cúpula del poder ejecutivo.
El clima de inquietud e incertidumbre se ve realimentado por el resquebrajamiento del esquema financiero concebido por el ministro de economía Luis Caputo sólo para llegar a las elecciones con la inflación más o menos aplastada, porque ése es el único argumento que el gobierno tiene para ofrecer al electorado. Endeudamiento externo y tasas de interés extravagantes no parecen alcanzar, sin embargo, para contener la presión sobre el dólar. El esquema profundiza la recesión, y la recesión ahonda el malestar popular.
A menos que un imponderable acelere los tiempos, esta madeja aparentemente sólo va a empezar a desenredarse tras los comicios legislativos de mitad de mandato, un trámite normalmente aburrido que esta vez ha cobrado una importancia inusitada. Habrá que ver si el electorado lo percibe de esa manera, si lo crucial del momento lo alienta a ir a las urnas, y si aún conserva su confianza en el experimento libertario. Los poetas del hemisferio norte dicen que abril es el mes más cruel. En el hemisferio sur, abril es octubre.
–Santiago González