Martín Redrado ha comenzado a recorrer el camino que puso a Julio Cobos en el nivel más alto de la consideración ciudadana, el camino que nace de una palabra tan fácil de escribir como difícil de pronunciar: no.
Encuestas realizadas por un par de matutinos en sus sitios de Internet arrojaban el martes un resultado llamativamente idéntico. El 85 por ciento de las respuestas respaldaba su decisión de no renunciar a la presidencia del Banco Central.
Decir no requiere coraje, una virtud que en los niveles dirigentes de la Argentina –altos y medios, estatales y privados– ha sido desplazada por la proverbial destreza criolla en el arte de la realpolitik, vulgo caer parado y sin crearse enemigos. Uno nunca sabe.
Pero parece que la cotización del coraje cívico está aumentando. Abel Posse, que se atrevió a retar los artículos de fe más básicos del progresismo, obtuvo un abrumador reconocimiento público, incluso por haber pagado el precio de su no.
El no de Cobos fue algo deslucido en su expresión, pero instantáneo y definitivo. Sus circunstancias se dieron casi por azar y no fueron buscadas por el protagonista, que trabajó intensamente en las horas previas para evitar verse envuelto en ellas.
El no de Redrado es más complejo, requiere más espalda, es inherente a su función, y es inevitable para cualquiera con un mínimo respeto por la ley, y con conciencia de las responsabilidades que conlleva respecto de la Nación el puesto que le fue confiado.
Es también un no en etapas. La primera fue su negativa a acatar sin más las disposiciones de un decreto presidencial de necesidad y urgencia que proponía usar reservas del Banco Central para el pago de la deuda externa.
El presidente del Banco Central tiene discrecionalidad para aceptar o no el uso de reservas con el propósito de solventar gastos públicos, pretensión que en todo caso debía emanar del Congreso y no del Poder Ejecutivo.
Redrado encomendó a sus asesores examinar la legalidad de la medida, y los riesgos a que se expondrían esos fondos (embargo de acreedores externos) si salieran de la órbita del Central. Ese primer no exasperó al gobierno, que comenzó a presionar al funcionario.
Las presiones fueron subiendo de tono hasta que el viceministro de economía Norberto Feletti atribuyó las dificultades para que el gobierno se saliera con la suya a una “embestida de la derecha”, en la que quedaba obviamente incluído Redrado.
De allí al pedido de renuncia desde la presidencia pasaron menos de 24 horas. Redrado agregó otro no a la serie haciendo saber que no iba a renunciar. La remoción del presidente del Central sólo puede ser dispuesta por una comisión del Congreso.
El ministro de economía Amado Boudou se apresuró a anunciar que las funciones de Redrado al frente del Banco Central habían terminado, y que su reemplazante sería el economista Mario Blejer, quien ya había ocupado esas funciones en el pasado.
Pero cuando Blejer se enteró del no de Redrado retiró una aceptación del cargo que al parecer había adelantado, según se desprende de la confiada certeza con que la anunciaban los portavoces del oficialismo.
Un no firmemente pronunciado provocaba otro no. O un nuevo caso de realpolitik, vaya uno a saber.
Todo este despropósito institucional, cualquiera sea su desenlace definitivo, sirvió para poner nuevamente a la Argentina en las pantallas de los operadores económicos y financieros del mundo, y por las peores razones.
Razones que se encuentran en la convicción reinante en el poder ejecutivo acerca de que el voto popular que alguna vez los puso en esas funciones supone una carta blanca para hacer cualquier cosa.
El ministro Boudou usó los mismos argumentos falaces del senador Miguel Pichetto para razonar que la decisión de una presidente elegida por el pueblo no debía ser obstaculizada por un funcionario que ocupa su cargo por nombramiento.
El ministro y el senador olvidan que por encima de la presidente de la Nación, del presidente del Banco Central y de ellos mismos, está el ordenamiento institucional del país, en el que está incluída la Carta Orgánica del Banco Central.
Ordenamiento, por otra parte, que la administración Kirchner se ha empeñado en socavar una y otra vez.
Hasta que alguien les dice que no.
–Santiago González