La guerra desatada por Israel y los Estados Unidos en el medio oriente puso a Irán frente a una encrucijada que varios analistas describieron como crisis existencial o desafío existencial. Conviene prestar atención a este concepto porque describe con adecuada precisión ese momento en que una nación comprende que lo que está en juego es su propia supervivencia como tal, y que sólo le queda luchar por su vida. Es un momento en que las rutinarias discordias cotidianas se hacen a un lado y el país se galvaniza en el esfuerzo último de asegurar su continuidad. Si se acobarda y busca atajos, excusas o compromisos, implosiona, se desintegra, desaparece.
La Argentina, nuestra Argentina, se está acercando acelerada y peligrosamente a ese momento. En más de dos años de administración, el actual gobierno no ha hecho otra cosa que acentuar las políticas nihilistas y autodestructivas puestas en marcha hace cincuenta años por una dictadura militar y continuadas con diferentes estilos por los gobiernos electos que la sucedieron, políticas casi todas inducidas desde el exterior en sus lineamientos generales y adaptadas a las circunstancias locales por la camarilla dominante en cada etapa.
Los pequeños propietarios, los pequeños productores y las empresas pequeñas y medianas han sido diezmados en beneficio de grupos cada vez más concentrados y cada vez menos argentinos. La infraestructura vial, ferroviaria y fluvial está prácticamente destruida. Los desarrollos tecnológicos de punta han sido paralizados, cancelados o vendidos. Los institutos de investigación, control y nomalización, apoyo imprescindible para el emprendedor local, se encuentran prácticamente desmantelados, al igual que los de observación meteorológica.
La clase media que distinguió a la Argentina en Sudamérica tiende a desaparecer para dar lugar a una sociedad de dos clases. Sistemas educativos y sanitarios que fueron modelo en la región y en el mundo han quedado en ruinas. El empobrecimiento y embrutecimiento general de la población resulta tan evidente, especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires, como su mala alimentación y sus degradadas condiciones de salud y habitación. La administración de justicia en todo el país es una mala broma cuando hay alguien poderoso en el banquillo.
La política demográfica parece planeada contra el país. Mientras los gobiernos de todos los niveles alientan y facilitan las prácticas abortistas, y la tasa de natalidad cae a niveles sin precedentes, se facilita el ingreso e inmediata documentación de habitantes de países vecinos y se suscriben injustificados acuerdos internacionales para la recepción de migrantes y refugiados. Para peor, los recién llegados tienden a recluirse en guetos, algo que la Argentina supo evitar de manera casi única en el mundo. En las grandes ciudades, el perfil étnico nacional se borronea.
La Argentina, el octavo país en extensión del planeta, está prácticamente indefensa en términos militares, y sus organismos de inteligencia sirven en algunos casos a las reyertas políticas o económicas internas, y en otros están infiltrados hasta la médula por agencias extranjeras. Los instrumentos de control social, incluidas las cámaras de seguridad, los sistemas de reconocimiento biométrico, y las bases de datos personales de todo tipo están administrados por extranjeros, o bien su tecnología tiene puertas abiertas al espionaje extranjero.
Todo esto, que viene de larga data, ha sido agravado ahora hasta lo imposible. Cierre o achicamiento de empresas grandes y pequeñas, desempleo rampante, inversión interna o externa prácticamente nula, endeudamiento creciente, aluvión de importaciones, y exportaciones en declive por un tipo de cambio absurdo, alcanzan para describir a grandes trazos la debacle provocada. El gobierno no puede exhibir un solo indicador positivo, un desarrollo público o privado significativo, una mejora siquiera mínima en la calidad de vida.
No se trata de la ceguera de una administración mayormente integrada por especuladores financieros respecto del desmantelamiento del aparato productivo o del doloroso impacto social de sus políticas. Tampoco se trata de un extravío ideológico, un fundamentalismo de mercado. Se trata, más bien, de un plan sistemático de destrucción del país, que se extiende hacia su fe católica, sus tradiciones y su historia. Sumado a la alteración demográfica ya mencionada, todo parece deliberadamente configurado para quebrar la identidad nacional, esa amalgama imperceptible que le permite a un pueblo reaccionar como un todo en caso de peligro.
Una sociedad escaldada por los reiterados fracasos de la democracia acompañó en un comienzo con paciente tolerancia los rigores económicos que le impuso esta gestión, confiada en que los frutos del esfuerzo se verían en algún momento. Pero no hubo tales frutos (ni los habrá nunca); de la tolerancia se pasó a la decepción, y de la decepción, al impulso del desempleo creciente y de una inflación que no cede, se está pasando rápidamente al enojo. Toda la respuesta del gobierno parece concentrarse en la represión de la protesta.
El poder externo que el año pasado socorrió al oficialismo a último momento, y le permitió imponerse en las elecciones legislativas y obtener cierta autonomía operativa en las Cámaras, está envuelto ahora en sus propias tribulaciones, y difícilmente vuelva a arrojar un salvavidas en caso de una crisis económica y social, excepto para imponer condiciones y extraer ventajas harto superiores a las que ya se aseguró.
La catástrofe económica, social y cultural descripta así a grandes trazos se acerca peligrosamente a un punto de no retorno, a esa crisis existencial que plantea un reto de vida o muerte. Basta una chispa para desencadenarla, o para provocarla: un reclamo que adquiere inesperadamente inusitada violencia o, ahora que el gobierno nos embarcó nuevamente en guerras ajenas, un ataque de falsa bandera como los que ya sufrimos.
Me gustaría creer que aún podemos adelantarnos y sortear esta instancia pacíficamente. La barbarie, la incompetencia, la corrupción y la traición campean a la vista de todos en las tres ramas del poder formal. Pero esto no quiere decir que las ocupen totalmente. Los poderes fácticos podrían apelar a sus presumibles reservas opuestas de cultura, conocimiento, decencia y patriotismo para inducir un cambio ordenado, y la población —si no guiada por el amor a la patria, al menos por el instinto de supervivencia— debería animarlos y también vigilarlos.
Al decir que “me gustaría creer” estoy reconociendo implícitamente la ingenuidad de este planteo en el contexto de una sociedad que carece absolutamente de representación ciudadana y que se ha acostumbrado a hacer del cinismo un modo de vida, pero no tengo dudas sobre la necesidad urgente de una respuesta (y no se me ocurre otra), porque las consecuencias de la inacción serían horribles, costosas y dolorosas para todos. Las herramientas institucionales están disponibles, y los argumentos políticos, económicos y jurídicos sobran. No queda mucho tiempo.
—Santiago González