No puede decirse que el gobierno argentino no sea transparente. En una sola semana ofreció a la atención pública las claves fundamentales de su gestión: apropiación de fondos privados, manejo discrecional de fondos públicos (y privados confiscados), y neutralización de cualquier mecanismo de control sobre ese manejo.
Y recibió como respuesta el esperable aplauso de los propios, la benevolente, por no decir cómplice, anuencia de la oposición que gusta describirse como “constructiva”, de cuño en general progresista, y el rechazo declarativo, disperso, y políticamente ineficaz de la oposición que se dice opositora.
La decisión del procurador general Esteban Righi de limitar las atribuciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas significa un largo salto adelante en los esfuerzos del ejecutivo por quitar del medio todo lo que suponga condicionamientos previos (legislación, por ejemplo presupuesto), evaluaciones sobre la marcha (por ejemplo INDEC), o escrutinio posterior de sus actividades (por ejemplo Fiscalía, Oficina Anticorrupción).
Según declaró el mismo fiscal que vio sus facultades recortadas, Manuel Garrido, el 99 por ciento de las causas en las que actuaba el organismo que preside quedará ahora fuera de su alcance más allá de la etapa investigativa. Y no son causas triviales: Skanska, patrimonio del matrimonio, aeropuertos, publicidad oficial, el mismo INDEC.
La decisión, además, aparta a la Argentina de las obligaciones que le impone su adhesión a la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Según el fiscal, no hay ahora “ningún organismo independiente especializado en investigar y perseguir la corrupción”. La legislación sobre el tema es insuficiente y contradictoria, y el asunto debería ser resuelto por el Congreso, agregó.
El caso obliga además a volver la mirada al pasado. Por un lado, es inevitable evocar la figura del activo fiscal Ricardo Molinas, nombrado por Raúl Alfonsín y destituído por Carlos Menem en 1991 persiguiendo similares fines de impunidad.
Por el otro, tampoco puede evitarse prestar atención al procurador Righi: ministro del interior en los setenta cuando se puso en libertad a quienes la justicia había condenado por actividades terroristas; cabeza en los noventa de un estudio jurídico que exhibe un récord impresionante en la defensa de acusados por corrupción.
Pero volvamos al presente. Tras los pasos dados esta semana, el ejecutivo (y el poder en las sombras) suma a su caja los fondos de las AFJP (95.000 millones) y los aportes mensuales de sus afiliados (unos 15.000 millones anuales), puede disponer a su arbitrio de los dineros públicos (gracias a los superpoderes y a un presupuesto de fantasía), y no tiene quién lo controle.
Esto abre amplias avenidas para la corrupción y el manejo político del patrimonio estatal, que todo hace prever estará orientado a alinear voluntades en el ámbito legislativo, en el ámbito empresario, y en el vasto tablero de los poderes locales, tanto provinciales como municipales, todo con vistas a mejorar posiciones para el 2009 y fundamentar esperanzas para el 2012.
También acentúa el deterioro de la institucionalidad nacional, que ya ostenta un Congreso domesticado, un poder judicial bajo la amenaza permanente de un Consejo de la Magistratura amañado, y un federalismo literalmente borrado de la escena por el manejo centralizado de la recaudación tributaria.
El poder se va concentrando poco a poco en las manos de una persona, y poco a poco los ciudadanos nos vamos convirtiendo en vasallos, a los que sólo nos queda implorar la benevolencia del monarca.
–Santiago González