Dos jóvenes trabajadores oriundos de Olavarría, José Darío Duarte y Matías Verna, se encontraban transitoriamente este mes en la localidad bonaerense de Mercedes, ocupados en el tendido de líneas para una empresa telefónica. Un sábado por la noche decidieron salir a comer y a bailar, y el amanecer los encontró caminando por la vereda de la disco Le Front.
Allí había una chica tomando una naranjada o un vino espumante. Darío, atraído por la belleza de la joven, se animó y le pidió un trago. La chica se lo cedió con una sonrisa, y esto desató la furia de dos muchachos que estaban con ella, quienes se fueron a las manos contra los audaces desconocidos. Hasta allí, la cosa no pasaba de una típica pelea de faldas a la salida de una disco.
Pero entonces intervino otro grupo, que había contemplado la escena desde la vereda de enfrente. Al grito de “¿Qué le pasa a ese negro?” unos diez jóvenes se sumaron a la embestida contra los dos trabajadores, concentrando su ataque sobre Darío, a quien literalmente desfiguraron a golpes y patadas en la cabeza. Dos días después moría en el hospital.
Mercedes, ubicada a unos 100 kilómetros al oeste de la capital federal, está atravesada por tres líneas ferroviarias que la conectan con buena parte del interior del país. Fue considerada alguna vez como posible capital de la provincia, pero perdió esa postulación a manos de la aventura fundadora de La Plata. En cambio, se convirtió en un importante centro administrativo regional.
Allí tienen su asiento la Arquidiócesis de Mercedes-Luján, la Escuela de Formación de la Gendarmería, una unidad penal, la Dirección Departamental de Investigaciones de la policía bonaerense y sobre todo el Departamento Judicial, con una treintena de juzgados, tribunales, fiscalías, defensorías y oficinas anexas.
En una localidad de poco más de 60.000 habitantes, la proporción de funcionarios del poder es muy alta. Según el intendente Carlos Selva, hay más de 1.500 abogados en su municipio, y solamente el Departamento Judicial ocupa a unas 700 familias. Buena parte de esta elite burocrática envía a sus hijos a colegios privados. El preferido es el centenario San Patricio.
Apenas se enteró de las circunstancias de la muerte de Duarte, la sociedad mercedina no tuvo dudas: se trataba de otra barbaridad más de los hijos del poder. Tenía motivos para pensar así: desde hace años, grupos de alumnos del San Patricio y otros colegios privados, organizados en bandas, azotan al pueblo con sus desmanes y vandalismos. Y salen impunes.
Algunos hechos recordados en estos días: este mismo año, arrojaron bombas de alquitrán y agredieron a la portera de un colegio; en 2009 pintarrajearon las paredes de otro; en 2003 mataron a un trabajador en una picada nunca esclarecida; en 2002, destrozaron un supermercado y cuatro locales bancarios. Y todos los 21 de septiembre se enfrentan violentamente en la plaza central.
Múltiples testimonios atribuyen además a las bandas agredir a las personas de condición humilde, y en general a los que no pertenecen a su grupo social, incluídos alumnos de los mismos colegios donde esos grupos se gestan. Su pertenencia a lo que la sociedad percibe como familias poderosas de la zona hace que todos les tengan miedo, y tengan miedo de denunciarlos.
“El joven quedó tirado y no hubo un solo llamado al 911”, dijo en relación a Duarte el secretario de control urbano de Mercedes Ariel Fusco. “Nadie denunció el hecho”. Y el intendente Selva observó: “En la historia de Mercedes hubo hechos muy difíciles de entender, y que han quedado dando vueltas en la justicia”. Quiso decir que no se entiende bien por qué quedaron impunes.
Esta vez, sin embargo, alguien se atrevió a quebrar la barrera del miedo, a romper la conspiración de silencio. Fue Ana Brea, una estudiante de medicina de 17 años, que de inmediato abrió un grupo en Facebook bajo el lema “No quiero más banditas violentas en Mercedes”. Fue la piedra de toque para que unas 2.500 personas se concentraran en la plaza y reclamaran justicia.
Brea se proponía continuar convocando a movilizaciones, pero tropezaba con el escepticismo de la sociedad. Según una encuesta del sitio local El Nuevo Cronista, más del 50 por ciento de quienes respondieron pensaba que el crimen va a quedar impune, apenas el 26 por ciento creía que los culpables no podrán eludir el castigo, y el resto consideraba técnicamente difìcil probar la autoría.
La investigación judicial parecía encaminada: los dos menores que participaron en el comienzo de la reyerta fueron identificados, se presentaron a declarar, y otros dos, mayores de edad, los hermanos Tomás e Ignacio Zunino, que habrían integrado el grupo que cruzó la calle, también fueron citados. Al redactarse esta nota se encontraban prófugos.
Pero un detalle del procedimiento judicial alimentó el escepticismo de los mercedinos: el juez de garantías Marcelo Romero resolvió cambiar la carátula del caso de “homicidio simple” a “homicidio en riña”, y rechazó el pedido de captura de los hermanos Zunino. La Cámara de Apelaciones revocó la decisión sobre los Zunino, pero aceptó la descripción de “homicidio en riña”.
Se invoca la figura de homicidio en riña cuando no se puede determinar quién asestó el golpe fatal. “Se tendrá por autores a todos los que ejercieron la violencia sobre la persona del ofendido”, dice el artículo 95 del Código Penal. El homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 años; el homicidio en riña, de 2 a 6 años, y permite que los acusados aguarden el proceso en libertad.
Aunque todavía no es clara la vinculación entre alumnos del San Patricio y el asesinato de Duarte, la gran mayoría de los mercedinos entrevistados asocia al colegio con los episodios de violencia juvenil. “El San Patricio siempre creó personajes altaneros y soberbios que, con el aval de sus familias, andan por la calle patoteando a cualquiera que no pertenezca a su círculo”, dijo Carolina.
“Acá hay mucha impunidad porque si los chicos no son hijos de funcionarios, son amigos de los hijos de los funcionarios”, declaró Noemí, de 60 años, al diario La Nación de Buenos Aires. “Hace años que pasa esto con el colegio San Patricio, todo el mundo lo sabe”, dijo, y agregó: “Estos chicos se creen los dueños de la ciudad, y lo peor es que lo son”.
El director del establecimiento, Oscar Milanesi, optó por lavarse las manos. “Soy consciente de que hay chicos dentro del colegio que integran las famosas bandas del Halcón y del Gitano y que son violentas, pero dentro de la institución son excelentes personas”, dijo sin hacerse cargo de que la calidad de la educación que imparte se evalúa también por el comportamiento de sus alumnos.
“Los que tienen que sancionar a los chicos son los padres, porque yo no puedo sancionarlos cuando las cosas pasan puertas afuera”, agregó el pedagogo, confundiendo educación con castigo. A juzgar por los resultados, el colegio también confunde educación de excelencia con el más torpe y combativo clasismo. No sería raro que fuese eso mismo lo que le atrae clientes.
El San Patricio, fundado hace 123 años, compite favorablemente con otros colegios más caros de la zona justamente porque promete la “arenilla dorada” que Miguel Cané encontraba en el Nacional de Buenos Aires. Pero sus egresados, en lugar de medirse con los mejores, parecen dedicar sus esfuerzos a distinguirse violentamente de los más débiles o desvalidos. Curiosa educación de elite.
En la mayoría de las localidades del interior impera un riguroso elitismo y marcadas diferenciaciones sociales que son como cuasi monedas: sólo tienen validez local. Tradicionalmente, las elites estaban conformadas por las familias más antiguas y determinadas personas con algún papel relevante en la comunidad, especialmente algunos profesionales y dirigentes polìticos.
La fortuna familiar desempeñaba algún papel pero no era determinante. Las elites tenían buenas relaciones con la Iglesia (en algunos pueblos, los asientos de la parroquia ostentan chapitas de bronce con los apellidos de las familias tradicionales); las organizaciones católicas eran los puntos de encuentro para las mujeres, y los clubes para los varones.
Estas elites mostraban un alto grado de estabilidad y permanencia, y no eran absolutamente impermeables a la incorporación de nuevos miembros. Eran los dueños del poder, lo sabían, decidían quiénes podían ingresar a su selecto círculo y quiénes no, y se protegían entre sí.
Con las transformaciones sociales operadas a partir de la década de 1960, nuevas elites comenzaron a desplazar a las anteriores, basadas ahora casi exclusivamente en un ir y venir entre el poder político y económico. La política se convirtió en el camino más rápido para el ascenso social y el enriquecimiento, y la riqueza en el camino más rápido hacia la polìtica.
Estas nuevas elites son altamente inestables, y la pertenencia a ellas depende de la conservación del poder político o de la riqueza. Para sus integrantes, en general provenientes de una baja clase media famélica de ascenso social, nunca el poder acumulado resulta suficiente, y por eso se afanan por ampliarlo continuamente como reaseguro contra cualquier cambio de fortuna.
Riqueza y política significan poder, y el poder, como declaró con cruda franqueza Alfredo Yabrán (que se crió en uno de esos pueblos), significa impunidad. Esa mezcla de elitismo e impunidad ha demostrado ser letal para las comunidades del interior, y ha dado lugar a casos tan resonantes como el de María Soledad en Catamarca, y el doble crimen de La Dársena en Santiago del Estero.
Esa mezcla de elitismo sin valores ni modelos y de poder entendido como impunidad acabó esta vez con la vida de José Darío Duarte, de 26 años, casado y padre de un hijo, pero viene envenenando desde hace demasiado tiempo la vida de pueblos y ciudades, y es un síntoma más de una sociedad enferma, que agrava el problema por acción o por omisión.
En su convocatoria para una segunda marcha el viernes 23 de abril, Ana Brea propuso: “Vamos a volver a pedir justicia, no a la impunidad, no a la violencia. Ni a favor ni en contra de ningún partido político. Ni a favor ni en contra de ningún colegio. Sí a la tolerancia, recuperemos los valores. Respeto por todos. Mercedes de pie”. Ojalá la escuchen.
–Santiago González