El gobierno ha dado pruebas sobradas de incapacidad para comprender qué son las instituciones, y de qué se habla cuando se habla de institucionalidad, pese a que la actual presidente basó buena parte de su campaña electoral en la promesa de afianzar ese flanco débil de la organización política argentina.
Tras la serie de desatinos gubernamentales que provocaron la crisis institucional con la que inauguramos el 2010, la opinión pública expresó justificada y abrumadoramente su disgusto con los Kirchner en cuanto foro tuvo a mano. Pero la torpeza, la confusión de ideas, la falacia oportunista calan más ancho y más hondo en lo que entre nosotros pasa por clase dirigente.
Un ejemplo notable lo han dado en estos días justamente dos “instituciones” representativas del sector bancario argentino: la Asociación de Bancos de Capital Nacional (ADEBA) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) al respaldar el pedido de renuncia disparado desde la Casa Rosada contra el presidente del Banco Central.
ADEBA fue la primera en romper el fuego de las declaraciones, engalanando la suya con una tomadura de pelo, o un insulto a la inteligencia, de la sociedad: reclama lisa y llanamente la renuncia de Martín Redrado, y afirma sin sonrojarse (al menos esto no se advierte en el papel) que lo hace “en defensa de la institucionalidad”.
Para ADEBA entonces la “defensa de la institucionalidad” habría consistido en que Redrado aceptara sin chistar un decreto de necesidad y urgencia, cuestionable en su forma, porque no era necesario ni urgente, y en su contenido, porque destinaba al pago de la deuda fondos sobre los que el ejecutivo no tiene potestad.
Y que además violara justamente la norma que regula su actividad, ya que la Carta Orgánica del Banco Central lo hace responsable del manejo de las reservas del estado y le impide expresamente recibir órdenes del Poder Ejecutivo, disposición que es habitual en el mundo para evitar justamente que el poder político circunstancial arruine la moneda nacional.
Los socios de ADEBA justificaron su postura convencidos de que el uso de reservas para el pago de la deuda contribuiría “a la reducción del riesgo país”, y a “un mejor funcionamiento del mercado financiero, haciendo posible la disminución de las tasas de interés y el consecuente incremento de la demanda de crédito para el consumo y la inversión”.
Dado que los miembros de ADEBA son todos banqueros, esta opinión merece ser tenida en cuenta, y seguramente lo habría sido si el Poder Ejecutivo hubiese tomado el camino institucional correcto y enviado al Congreso su proyectado Fondo del Bicentenario. Allí se habrían escuchado esta y otras voces, y se habría arribado a una conclusión sobre el tema.
Quién sabe, a lo mejor en términos de costo y beneficio es bueno sacrificar reservas para obtener mejores condiciones de financiación en el exterior, no sólo para el Estado sino también para los privados. Pero nunca nos vamos a enterar, porque el gobierno prefirió la vía del autoritarismo y la prepotencia al camino del diálogo y la persuasión.
Preferencia que parecen compartir los socios de ADEBA, porque si la constitución de ese fondo es tan buena como dicen y merece sus respaldo, tuvieron tiempo de sobra (y poco les habría costado, dada la cercana relación del presidente de la entidad Jorge Brito con el matrimonio presidencial) para persuadir al gobierno de que hiciera las cosas bien.
Pero, ciegos ante la posibilidad de multiplicar ganacias, se inclinaron por la vía rápida y presumiblemente segura: sugerir a Redrado la abdicación, prescindir de las incómodas prescripciones legales y el trámite de resultado incierto que establece precisamente la institucionalidad que decían defender.
“Ningún interés, personal o corporativo, es superior al interés de la Nación”, dicen con sonora elocuencia los banqueros privados de capital argentino. “Esta es la premisa que debe orientar nuestras acciones, y confiamos en que los protagonistas de esta hora sabrán actuar de acuerdo a la misma”. Pocas veces se han alcanzado cumbres semejantes de cinismo.
Cinismo que parece haber deslumbrado a la otra entidad bancaria, ABAPPRA, ahora presidida por la jefa del Banco de la Nación, Mercedes Marcó del Pont, que rápidamente manifestó su “total adhesión” a los notables conceptos de sus colegas de ADEBA, y sin demasiada retórica puntualizó que la renuncia de Redrado constituía “una condición necesaria para preservar la estabilidad del sistema financiero”.
El ciudadano debe saber quiénes integran las organizaciones que se pronuncian de esta manera sobre los asuntos públicos del país, por lo que a continuación ofrecemos la nómina de los integrantes de cada una de las entidades que mencionamos:
ADEBA: Banco CMF, Banco Comafi, MBA Lazard, Banco de La Pampa, Banco de Servicios y Transacciones, Banco del Sol, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco del Tucumán, Banco de Valores, Banco Finansur, Banco Macro, Banco Hipotecario, Banco Julio, Banco Patagonia, Banco Mariva, Banco Meridian, Banco Regional de Cuyo, Banco Piano, Banco Privado (en proceso de absorción por Macro), Banco Supervielle, Banco Roela, Banco Saenz, Nuevo Banco Industrial de Azul, Banco de Córdoba.
ABAPPRA: Banco Credicoop, Banco de Corrientes, Banco de Formosa, Banco de Inversión y Comercio Exterior, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Córdoba, Banco Provincia del Neuquén, Banco del Chubut, Banco Hipotecario, Banco Municipal de Rosario, Banco Provincia de Tierra del Fuego, Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán, Nuevo Banco de Entre Ríos, Nuevo Banco de Santa Fe, Nuevo Banco del Chaco.
Ninguno de los bancos mencionados en estas nóminas tomó distancia de lo dicho por las entidades a las que pertenecen, con excepción del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el banco público dependiente del gobierno de la ciudad, que en una declaración firmada por su vicepresidente en ejercicio Juan Curutchet, expresó lo siguiente:
“El Banco Ciudad aclara a la opinión pública que no participó ni fue invitado a participar de ninguna sesión de ABAPPRA para considerar un pedido de renuncia al licenciado Martin Redrado a la presidencia del BCRA y que no adhiere a dicho pedido de renuncia. El Banco Ciudad señala que el respeto a las normas e instituciones son requisitos indispensables para inspirar confianza, alentar el crédito público y promover un buen clima de negocios”.
En el tórrido verano de 2002, los ahorristas estafados descargaban su furia contra los bancos a los que habían confiado sus depósitos, y que, olvidando su parte del contrato que los une a los depositantes, no movieron un dedo para actuar, aunque sólo fuese pro forma, en defensa de sus clientes. El tiempo fue borrando lentamente ese encono.
Algunos analistas pronostican que el 2010 puede ser un año financieramente complicado para la Argentina, particularmente porque el gobierno afronta acuciantes necesidades de caja y, como se ha visto, no parece tener reparos para resolverlas de cualquier modo. Si ese escenario se concreta, usted ya puede intuir de qué lado de la ley se va a ubicar su banco.
–Santiago González