A lo largo del 2008, y particularmente en el último trimestre, la Corte Suprema de Justicia se ha empinado con perfil propio en el contexto de los poderes del estado a través de una serie de fallos, reclamos e informes que apuntan al corazón de viejos problemas de la república, y ponen en evidencia, explícitamente o por contraste, el deplorable desempeño del ejecutivo y el legislativo.
El fallo que restableció la libertad de asociación gremial, otra decisión posterior que puso en evidencia la situación de abandono en que se encuentra la minoridad más necesitada del auxilio estatal y, sobre el fin del año, la acordada que reclamó urgentemente a los otros poderes los recursos mínimos para impartir justicia han puesto el foco sobre cuestiones candentes que el poder político prefiere ignorar.
Peor aún, han puesto el foco sobre cuestiones que el oficialismo utiliza ampliamente en su retórica proselitista, como la situación de los sectores menos favorecidos o el juzgamiento de los acusados de delitos de lesa humanidad, pero acerca de las cuales no hace absolutamente nada, e incluso obstaculiza cualquier iniciativa práctica de la oposición para encarlarlas. (sigue…)
